Jueces progresistas califican de avance histórico la creación de otras 500 plazas judiciales y 200 fiscales para el año 2027

La asociación destaca que la ampliación refuerza la jurisdicción social y los juzgados de violencia de género, que soportan más carga de trabajo

Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), considera «un avance histórico para adecuar la planta judicial a las necesidades de la administración de justicia» el anuncio del Consejo de Ministros de hoy de crear otras 500 plazas judiciales y 200 fiscales para el año 2027, que se suman a las otras 500 que ya están sacándose a concurso para 2026.

Ampliar los tribunales «en más de mil plazas en dos años es un esfuerzo destacable para afrontar la litigiosidad, reducir tiempos de respuesta y garantizar una carga de trabajo razonable en la judicatura», ha afirmado el portavoz de JJpD tras conocerse la noticia tras el Consejo de Ministros. «Si a este anuncio se añade la gran convocatoria de oposiciones para judicatura y fiscalía que ya está en marcha podemos afirmar que estamos ante un cambio fundamental que va a redundar en beneficio de profesionales del derecho y la sociedad», porque según Rodríguez «la administración de justicia necesitaba de un empuje tan decidido como el que se está concretando en los últimos tiempos».

El magistrado representante de JJpD entiende «muy positivo este impulso al servicio público que es la administración de justicia», que califica de «absolutamente necesario para poder mantener unos niveles dignos de respuesta». Destaca, además, que esta nueva convocatoria se centre en la jurisdicción social «que está atravesando unas cargas de trabajo y dilaciones por encima de lo admisible» y en los Juzgados de Violencia de Género, «lo que resulta fundamental para proteger a las mujeres tras la ampliación de competencias de estos tribunales en materia de delitos contra la libertad sexual».

Edmundo Rodríguez ha declarado también que «es fundamental que este anuncio se concrete rápidamente en un real decreto que suponga un nuevo impulso a la mejora del servicio público judicial» y ha deseado que el Gobierno que salga de las elecciones del próximo 29 de noviembre «continúe con este impulso tan necesario para garantizar un servicio público eficiente y de calidad en los tribunales de justicia».