El Gobierno estudia llevar al Constitucional el veto del Supremo a la ‘ley de nietos’

El Supremo mantiene suspendido el voto de los españoles incorporados al censo por la Ley de Memoria Democrática que no acrediten ser descendientes de exiliados

El Gobierno analizará si puede acudir al Tribunal Constitucional para intentar revertir la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar de la conocida como ley de nietos para las elecciones previstas el próximo 29 de noviembre.

La posibilidad de presentar un nuevo recurso será estudiada por la Abogacía General del Estado. El Ejecutivo quiere determinar si el pronunciamiento del Supremo permite recurrir ante el Constitucional o si esa vía queda reservada exclusivamente a las personas afectadas por la medida.

La decisión judicial se conoció durante la recepción celebrada en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre. Un miembro del Gobierno expresó su malestar por el fallo y lamentó que, a su juicio, para algunos el derecho al voto no parezca tener la misma importancia.

400.000 españoles podrían quedarse sin votar

Antes de conocer la resolución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había confiado en que el Supremo respaldara la posición del Ejecutivo. El jefe del Gobierno advirtió de que mantener la suspensión supondría privar del derecho al sufragio a alrededor de 400.000 españoles.

«Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda», defendió Sánchez ante los periodistas. También recordó que desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, se han celebrado distintas convocatorias electorales, incluidas las elecciones generales de 2023, sin que, según señaló, se hubieran producido problemas por este motivo.

La controversia gira en torno a los ciudadanos inscritos en el censo al amparo de la disposición adicional de la norma, pero que no pueden acreditar su condición de descendientes de exiliados. La suspensión cautelar afecta a su derecho a votar mientras se resuelve el conflicto judicial.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había expresado antes de conocerse el fallo su confianza en que el Tribunal Supremo mantuviera el criterio aplicado en las medidas cautelares.

Feijóo sostuvo que la legislación reconoce el derecho al voto a los nietos de exiliados, pero no a quienes no puedan acreditar ese vínculo. Su posición contrasta con la del Gobierno, que defiende que la suspensión puede dejar fuera de las urnas a cientos de miles de ciudadanos.

Por ahora, el Ejecutivo no ha confirmado si presentará un recurso ante el Constitucional. La decisión dependerá del análisis jurídico que realice la Abogacía General del Estado sobre las opciones disponibles tras el pronunciamiento del Supremo.