Ignacio González vuelve al banquillo por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II

Anticorrupción pide seis años de prisión para el expresidente madrileño por presuntos amaños que habrían beneficiado a empresas vinculadas a su hermano y su cuñado

La Audiencia Nacional comienza este martes el juicio contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntas irregularidades en dos contratos públicos relacionados con el campo de golf construido sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II. La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de prisión para cada uno de los cinco acusados, a quienes atribuye delitos de cohecho, además de una multa de 550.000 euros.

La causa forma parte de la segunda pieza del caso Lezo y afecta también a Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal entre 2003 y 2009, y a tres socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente madrileño.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados habrían favorecido la adjudicación de trabajos a TCT mediante una modificación contractual que evitó convocar un nuevo concurso público. La empresa habría obtenido beneficios por intermediar en unos trabajos que, según Anticorrupción, no tenía capacidad técnica para ejecutar.

El origen de los hechos se sitúa en 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, suscribió un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de la capital para permitir el uso público de distintas instalaciones. El proyecto incluía la construcción de una cubierta sobre el tercer depósito del Canal.

De acuerdo con la acusación, en junio de 2004, cuando Ignacio González era vicepresidente regional e Ildefonso de Miguel dirigía el organismo público, ambos impulsaron una modificación del concurso inicial que habría permitido beneficiar a familiares del primero.

Anticorrupción sostiene que, debido a los cambios sustanciales previstos, debería haberse convocado una nueva licitación. Sin embargo, los responsables del Canal habrían acordado con la constructora Dragados que esta recibiera directamente el contrato modificado, con la condición de subcontratar determinados trabajos a TCT.

La Fiscalía afirma que los socios de esta empresa ocultaron sus vínculos familiares con González mediante personas interpuestas. La adjudicación del modificado a Dragados fue aprobada por el Consejo de Administración del Canal el 19 de julio de 2006, después de la intervención de González y De Miguel, según el relato del Ministerio Público.

El contrato inicial entre Dragados y TCT se firmó el 15 de junio de 2006, antes de la adjudicación formal del modificado. Su importe ascendía a 160.204,79 euros y contemplaba la ejecución de un hoyo de prueba en el campo de golf.

Posteriormente, el encargo se amplió mediante cuatro anexos firmados entre agosto de 2006 y febrero de 2007. Con estas modificaciones, el importe total de los trabajos subcontratados por Dragados a TCT alcanzó los 3.067.864,83 euros, según la documentación citada por la Fiscalía.

Anticorrupción sostiene que TCT carecía de capacidad para ejecutar los trabajos deportivos y que tuvo que recurrir a otras dos empresas: Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Según la acusación, los socios de TCT habían pactado con ellas una comisión del 8% por su intermediación.

El Ministerio Público señala que TCT facturó a Dragados más de 3,2 millones de euros, mientras que las facturas emitidas por Onlygolf y Fieldturf a TCT sumaron alrededor de 2,88 millones. La diferencia habría proporcionado a la empresa un beneficio de 381.029 euros por una intermediación que la Fiscalía considera innecesaria e impuesta.

En sus conclusiones provisionales, Anticorrupción cifra en al menos 504.780 euros el beneficio obtenido por TCT a través de las dos adjudicaciones investigadas.

La acusación también describe un supuesto reparto de parte de los beneficios entre los socios de TCT. Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, los acusados se habrían distribuido distintas cantidades mediante entregas en efectivo y pagos respaldados, presuntamente, por facturas de sociedades instrumentales.

Según el escrito fiscal, Pablo Manuel González, hermano del expresidente madrileño, habría recibido 101.348 euros en veinte entregas. Juan José Caballero, su cuñado, habría percibido 94.425 euros en once pagos, mientras que José Antonio Clemente habría recibido 71.199 euros.

La Fiscalía sostiene que los participantes empleaban siglas para ocultar la identidad de algunos de los beneficiarios: «PG» para el hermano de González, «JJC» para su cuñado y «JCM» para Clemente.

Estas cantidades forman parte de los hechos que deberán examinarse durante el juicio para determinar si existió un sistema de adjudicaciones irregulares y reparto de beneficios con cargo a contratos vinculados a una entidad pública.

La investigación incluye, además, el contrato para gestionar y explotar las instalaciones deportivas del tercer depósito del Canal. En 2006, la adjudicación recayó en una unión temporal de empresas integrada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras.

Tras obtener el contrato, la UTE constituyó Green Canal Golf, sociedad que formalizó la concesión en 2007. Poco después, esta empresa subcontrató a TCT el mantenimiento del césped durante cinco años, por una cuota mensual de 9.875 euros.

Según Anticorrupción, TCT volvió a recurrir a Onlygolf para realizar el trabajo, esta vez por 7.941 euros mensuales. La diferencia entre ambas cantidades habría generado un beneficio aproximado de 124.000 euros para TCT por su intermediación.

El juicio deberá determinar si las adjudicaciones y los pagos descritos por la Fiscalía constituyeron delitos de cohecho y si los acusados participaron en el presunto sistema de favorecimiento empresarial. Las penas solicitadas corresponden a las conclusiones provisionales del Ministerio Público y no constituyen una condena.