Por PABLO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ
El afrontamiento de Ceuta como un asunto prioritario y un auténtico problema de Estado en España requiere un liderazgo transformacional, estratégico e institucional. Un timón capaz de elevar la gestión pública por encima de la disputa partidista de corto plazo. Para abordar con éxito la singularidad de la ciudad autónoma, este liderazgo debería articularse a través de consensos multipartidistas duraderos, firmeza geopolítica en las relaciones bilaterales con Marruecos, integración activa en la agenda de la Unión Europea y un modelo socioeconómico robusto que reduzca la dependencia del empleo público y del comercio transfronterizo tradicional.
Sin embargo, la realidad dictamina un diagnóstico mucho más devastador: los políticos contemporáneos no son líderes; son estrategas de su profesión política que disfrazan su ambición de liderazgo.
La política actual se ha profesionalizado de tal manera que prioriza la táctica partidista —la supervivencia en el poder y la ganancia de votos a corto plazo— sobre el liderazgo de Estado auténtico. Cuando un asunto tan complejo y sensible como la frontera de Ceuta se aborda desde este cálculo electoral, las consecuencias para los ciudadanos son inmediatas y profundas: la inmigración se utiliza como arma arrojadiza, se aplican parches financieros cosméticos en lugar de reformas estructurales a 30 años, y el discurso se llena de una retórica vacía sobre la soberanía que jamás se traduce en leyes de consenso de obligado cumplimiento. El resultado neto es la incertidumbre económica, la saturación reactiva de los servicios públicos, la polarización social y una profunda desafección de los ceutíes, que sienten que su ciudad solo importa cuando abre los telediarios nacionales.
Para comprender esta deriva, resulta imperativo rescatar la filosofía política de Aristóteles. En su esencia, la política es indisociable de la ética, ya que su fin último es la búsqueda del bien común (el bien de la polis) y la felicidad de los ciudadanos. Cuando la política se desliga de la moral para convertirse en una mera técnica de beneficio propio, deja de ser legítima y se transforma en demagogia o sofista.
Bajo los sistemas electorales contemporáneos de listas cerradas, la responsabilidad hacia el ciudadano se ha quebrado. El político actual no es un servidor de la comunidad, sino un empleado de su organización: debe su escaño al líder del partido que le coloca en la lista y debe obedecer ciegamente la disciplina de voto sobre su propia conciencia ética. Al desaparecer la responsabilidad individual, la ciudadanía se convierte en un simple medio para alcanzar el poder cada cuatro años, y la sociedad civil organizada termina absorbida por el sistema, domesticada por subvenciones o invisibilizada por las dinámicas del poder global.
Es precisamente en este vacío ético donde opera la amenaza más sofisticada del siglo XXI. El error de la doctrina militar convencional es creer que la guerra híbrida es un conflicto puramente técnico, cibernético o migratorio. No lo es. En su raíz, nos enfrentamos a lo que denomino Guerra del Sentimiento Social, una estrategia de desgaste psicosocial cuyo objetivo no es aniquilar los cuerpos con armamento, sino demoler la salud mental colectiva y quebrar los lazos éticos que mantienen unida a la sociedad. El adversario exterior no necesita mover tanques; le basta con hackear la mente de la polis.
Esta nueva categoría conceptual de conflicto se despliega a través de cuatro axiomas fundamentales:
¿Por qué el político profesional no se atreve a poner negro sobre blanco el concepto de «guerra híbrida como una guerra de desgaste social»? En primer lugar, por el pánico a reconocer que el Estado carece de defensas tradicionales para proteger la psicología y la convivencia diaria de la población, prefiriendo camuflarlo bajo el término de «crisis migratoria coyuntural». En segundo lugar, para evitar los severos costes económicos y diplomáticos a corto plazo que exigiría una respuesta formal según la doctrina de Seguridad Nacional.
Pero el motivo más oscuro es la hipocresía: los partidos políticos nacionales son conscientes de que la polarización artificial desgasta a la ciudadanía, pero no la denuncian porque ellos mismos utilizan esas mismas herramientas algorítmicas y ese mismo fango digital para movilizar a sus votantes y ganar elecciones.
La resistencia debe librarse en las urnas y en los medios de prensa rigurosos con la información, mediante una fiscalización implacable del gestor público. Puesto que los políticos profesionales se han convertido en colaboradores necesarios de la erosión social al validar cualquier narrativa crispada que les proporcione una ganancia táctica, la ciudadanía debe cambiar radicalmente sus criterios de legitimación. Se debe imponer un boicot electoral y mediático sistemático a todo candidato que base su supervivencia en el titular incendiario del día siguiente. En su lugar, la opinión pública debe empezar a premiar la prudencia del estadista: aquellos programas con reformas estructurales proyectadas a veinte o treinta años que estén dispuestos a asumir costes electorales en el presente a cambio de garantizar el futuro de las próximas generaciones.
Al mismo tiempo, resulta imperativo desenmascarar el mercado de las asesorías y al «falso politólogo». La ciencia política contemporánea se ha transformado a menudo en una industria de consultoría privada donde muchos profesionales alternan la docencia con contratos opacos para diseñar campañas de desinformación. Identificar y señalar públicamente a estos estrategas disfrazados de analistas independientes es una tarea periodística de primer orden para higienizar el Estado de derecho.
En conclusión, la situación estratégica de Ceuta demuestra que la verdadera vulnerabilidad de un Estado no se mide en su presupuesto armamentístico, sino en la descomposición moral de su debate público. Una sociedad aturdida y fragmentada es un territorio ya conquistado sin necesidad de disparar una sola bala. Recuperar la ética aristotélica y la prudencia del estadista frente a la astucia del sofista es, hoy en día, el mayor y más urgente acto de resistencia geopolítica.