El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha obligado al Tribunal Supremo a acelerar su decisión sobre el voto de los españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como ‘ley de nietos’.
El alto tribunal debe resolver si mantiene la suspensión cautelar acordada en septiembre, una medida que afecta a determinados nacionalizados por esta vía y que ha generado un intenso debate jurídico.
Vox e Iustitia Europa, impulsores de los recursos, reclaman que se garantice el cumplimiento de la suspensión. Esta última formación ha llegado a solicitar que se paralicen las elecciones.
Por el contrario, el Gobierno y la Fiscalía defienden que se permita votar a los españoles residentes en el extranjero. El Ejecutivo sostiene que resulta prácticamente imposible distinguir, en tan poco tiempo, a los nacionalizados por esta ley del resto de electores inscritos.
La controversia afecta a una norma que ha recibido más de 1,2 millones de solicitudes de nacionalidad, con más de 570.000 aprobadas.
Ante la proximidad de los comicios, el Supremo ha reducido los plazos para escuchar a las partes. Su decisión será determinante para aclarar quiénes podrán participar en la próxima cita electoral.