El Tribunal Supremo ha anulado el decreto aprobado por el Gobierno que regulaba la creación, el reconocimiento y la autorización de centros universitarios en España. La decisión responde a un defecto en su tramitación, ya que el Ejecutivo no justificó adecuadamente la necesidad de aprobar la norma por la vía de urgencia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el procedimiento seguido para sacar adelante el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, no cumplió con las exigencias legales establecidas.
Según explica el tribunal, el Gobierno recurrió a una tramitación acelerada sin aportar razones suficientes que respaldaran esa decisión. Esta circunstancia provocó que se prescindiera de la consulta pública previa, un trámite que permite recoger opiniones y aportaciones antes de elaborar determinadas disposiciones normativas.
Los magistrados entienden que la ausencia de una justificación válida impide considerar legalmente correcta la omisión de ese procedimiento.
La resolución supone un revés para el Ejecutivo en materia universitaria y pone de relieve la importancia de respetar los mecanismos de participación durante la elaboración de las normas.
Con esta decisión, el Supremo deja sin efecto el decreto, aunque el fallo se centra en cuestiones de procedimiento y no en el contenido de la regulación universitaria.