Las administraciones asumirán los impagos de inquilinos vulnerables para frenar los desahucios

También habrá cambios en los alquileres temporales y por habitaciones, además de nuevos incentivos fiscales

Las administraciones públicas tendrán que intervenir cuando una familia vulnerable no pueda pagar el alquiler y se enfrente a un desahucio. La nueva normativa de vivienda publicada en el BOE establece un mecanismo destinado a evitar que estas personas pierdan su hogar sin disponer previamente de una alternativa.

Cuando un inquilino vulnerable entre en un procedimiento de desahucio por impago, la administración competente tendrá un máximo de dos meses para proporcionarle otra vivienda. Si no encuentra una solución durante ese periodo, deberá abonar al propietario las cantidades pendientes, incluidas las rentas acumuladas y determinados costes judiciales. De esta manera, la deuda quedaría saldada y el contrato podría continuar vigente.

La normativa también contempla medidas adicionales para reforzar la protección de los arrendatarios. Entre ellas figura la suspensión hasta finales de 2030 de determinados desahucios de personas vulnerables cuando las viviendas pertenezcan a fondos o entidades dedicadas a adquirir grandes carteras inmobiliarias.

También habrá cambios en los alquileres temporales y por habitaciones, además de nuevos incentivos fiscales. Los propietarios podrán beneficiarse de reducciones en el IRPF por rebajar determinadas rentas, mientras que algunos inquilinos con ingresos más bajos tendrán acceso a una nueva deducción por el alquiler de su vivienda.