El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes los dos decretos de vivienda que decayeron el viernes en el Congreso. Pedro Sánchez ha anunciado que el mecanismo ‘Tu Casa’ contará con 10.000 millones de euros en préstamos para quienes compren su primer hogar.
Sánchez ha comparecido tras la reunión del Gobierno. Ha explicado que los nuevos textos incorporan algunas modificaciones, aunque «mantienen la esencia» de los rechazados.
Según el presidente, las circunstancias que hacían imprescindibles estas normas siguen siendo las mismas. Las ha defendido como medidas «de puro sentido común» y ha asegurado que ponen «pie en pared» a los fondos buitre.
Los decretos reúnen 21 medidas. Buscan facilitar el alquiler y la compra asequible, aumentar la oferta de vivienda, dar estabilidad a los hogares y combatir la especulación.
El mecanismo ‘Tu Casa’ es la medida más llamativa. Ofrecerá préstamos de hasta 50.000 euros para adquirir la primera vivienda.
Sánchez ha cifrado la dotación en 10.000 millones. Ese es el dato central del primero de los dos decretos.
El segundo decreto regula la prórroga automática de los alquileres y fue el que generó más rechazo. No entrará en vigor hasta que lo revalide la Diputación Permanente del Congreso.
Ese órgano funciona como una especie de Cámara Baja reducida cuando el Parlamento queda disuelto por la convocatoria electoral. Lo forman 69 diputados de todos los grupos.
Allí la aritmética es distinta a la del Pleno. PP, Vox y Junts, que votaron en contra del primer decreto, suman 34 diputados y no alcanzan la mayoría.
El bloque que apoyó las medidas, formado por PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y Podemos, reúne 35. Con ellos, el decreto de ayudas a la compra tendría los votos necesarios.
El del alquiler lo tiene más difícil. También contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra.
Sánchez ha pedido de nuevo a los grupos que convaliden los decretos. Ha insistido en que no se trata de «una cuestión ideológica», sino de humanidad.
El presidente ha concluido que el Gobierno ni «tira la toalla» ni deja «tirada a la gente».