La legislatura que termina con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre deja un hecho inédito en la democracia española: el Gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante todo el periodo. Las cuentas de 2023 han permanecido vigentes mediante sucesivas prórrogas hasta el final del mandato.
Los Presupuestos aprobados para 2023 se prorrogaron por tercera vez el pasado 1 de enero, después de que el Ejecutivo tampoco lograra sacar adelante unas nuevas cuentas en 2024 ni en 2025. De este modo, el Gobierno ha afrontado prácticamente toda la legislatura con un marco presupuestario diseñado para un escenario político y económico diferente.
En el último Consejo de Ministros de 2025, el Ejecutivo aprobó los criterios que permitieron aplicar durante 2026 la nueva prórroga de las cuentas de 2023. La decisión convirtió este ejercicio en el undécimo episodio de prórroga presupuestaria registrado desde la recuperación de la democracia.
Antes ya se habían producido situaciones similares con los Presupuestos de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017, además de dos prórrogas de las cuentas de 2018. La diferencia en esta ocasión es la duración del bloqueo: las cuentas de 2023 han terminado sosteniendo toda la legislatura.
La fragmentación parlamentaria complicó desde el principio la aprobación de un nuevo proyecto presupuestario. La pérdida del apoyo de Junts terminó de estrechar el margen de maniobra del Ejecutivo, que durante meses defendió que continuaría buscando acuerdos para sacar adelante unas nuevas cuentas.
Incluso después de que los plazos habituales empezaran a quedar atrás, el Gobierno mantenía su intención de presentar los Presupuestos correspondientes a 2027. Ese objetivo quedó finalmente truncado por el adelanto electoral.
El último intento para avanzar hacia esas cuentas se produjo en julio, cuando el Pleno del Congreso rechazó por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad planteados por el Ejecutivo como paso previo a la elaboración de los Presupuestos de 2027.
La propuesta gubernamental contemplaba un déficit del conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del PIB en 2027, que se reduciría al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. La Administración Central asumiría la mayor parte del desequilibrio, con objetivos del 1,5%, 1,4% y 1,3%, respectivamente.
El Gobierno también había planteado para las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1%. La propuesta salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al rechazo de los consejeros del PP.
El Ejecutivo pretendía así continuar con la preparación de las cuentas de 2027 mientras buscaba una mayoría parlamentaria capaz de respaldarlas. Sin embargo, la convocatoria de elecciones ha puesto punto final a ese proceso.
Con la disolución de las Cortes y la cita electoral del 29 de noviembre, el proyecto de Presupuestos para 2027 no llegará a presentarse. La legislatura termina, por tanto, con las cuentas de 2023 todavía vigentes y sin que Sánchez haya logrado aprobar nuevos Presupuestos durante todo su mandato.