La crisis de la vivienda también golpea a los jubilados: los mayores destinan hasta el 60% de su pensión al alquiler

El encarecimiento de las rentas, las dificultades para acceder a una hipoteca y el edadismo inmobiliario agravan la vulnerabilidad habitacional de miles de pensionistas en España

El alquiler residencial se ha convertido en una fuente creciente de vulnerabilidad para las personas mayores en España. Según la Fundación Más Sénior, con datos del Banco de España, los hogares sénior de ciudades como Madrid y Barcelona pueden destinar más del 60% de sus ingresos netos al pago de la vivienda.

La brecha entre vivienda y pensiones se ha ampliado durante la última década. Entre 2016 y 2025, el alquiler medio aumentó casi un 90%, hasta los 14,40 euros por metro cuadrado, mientras que la pensión media creció alrededor de un 44%. La pensión más habitual subió menos de un 30%, hasta los 1.375 euros. La fundación advierte de una «creciente inseguridad habitacional» entre los mayores.

El problema afecta especialmente a quienes viven de alquiler. Aunque más del 73% de las personas mayores reside en una vivienda en propiedad, casi un 17% lo hace en alquiler a precio de mercado. Para estos hogares, una subida de 300 euros puede resultar determinante. «Para un jubilado con una pensión media […] una subida de 300 euros en una zona tensionada supone la expulsión inmediata, es un desahucio invisible», señala Sonia Catalán, directora general de Más Sénior.

Las dificultades para encontrar alojamiento

Encontrar una vivienda adecuada tampoco resulta sencillo. Llum, de 71 años, se trasladó de Barcelona a Mallorca tras jubilarse y relató a RTVE las dificultades para encontrar alojamiento: «No es complicado, es imposible». Según explicó, descubrió que «por la edad no entraba en los requisitos» de algunas ofertas. La fundación alerta además del «edadismo inmobiliario y financiero», que puede dificultar tanto el acceso a nuevos alquileres como la obtención de financiación.

El problema se extiende a quienes ya tienen una vivienda. Arturo y Asunción, vecinos de Poble Sec, denunciaron junto a otros residentes un supuesto caso de acoso inmobiliario tras la compra de su edificio por un fondo de inversión. El ascensor permaneció 50 días sin funcionar y Asunción, con movilidad reducida, tuvo que permanecer en casa: «¿Por qué no puedo bajar?, ¿por qué no puedo bajar?», relató.

La financiación añade otra barrera. Las restricciones de las entidades vinculadas a la edad pueden dificultar tanto la compra como la adaptación de una vivienda a las necesidades de la vejez. La Fundación Más Sénior recuerda que una casa para una persona mayor no es solo un activo económico, sino también «un espacio de autonomía, relaciones sociales, seguridad y pertenencia».