El Gobierno calcula en 1.600 millones el coste público de los decretos de vivienda

Las deducciones del IRPF a los inquilinos suponen la mayor partida, con 835 millones

El Gobierno ha cifrado en algo más de 1.600 millones de euros el coste para las arcas públicas de los dos decretos de vivienda. Ambos textos se someterán este viernes a votación en el Congreso.

El gasto calculado corresponde únicamente al decreto que incluye bonificaciones fiscales, protección frente a desahucios y la prohibición de compra a fondos buitre. El otro decreto, centrado en la renovación automática del alquiler, no genera coste alguno para las arcas públicas.

Según el Ejecutivo, ese segundo texto no afecta a tributos ni crea órganos nuevos ni dotaciones específicas. Obliga a los caseros a pagar doce meses de indemnización si rompen el contrato, pero la emisión de informes de vulnerabilidad ya era una función existente en la normativa vigente.

El Gobierno reconoce, en cambio, que el eventual coste derivado de que las administraciones actúen como arrendadoras «no es cuantificable». Todo el impacto fiscal de las normas recae así sobre el decreto que modifica el IRPF y el IVA.

Más de dos millones de declaraciones afectadas por las viviendas vacías

La prórroga del tipo reducido del 1,1% en el IRPF para viviendas vacías afecta a unas 2,36 millones de declaraciones de la renta. Esa medida supondrá una merma de recaudación estimada en 154 millones de euros para las arcas públicas.

El decreto incluye además recargos en el IBI para la vivienda vacía, aunque Hacienda no detalla su coste exacto. Se trata de un tributo gestionado por las entidades locales, cuya aplicación depende de que el inmueble esté en una zona tensionada declarada oficialmente.

Los propietarios que bajen el precio del alquiler un 5% en un nuevo contrato podrán acceder a bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF. El Gobierno no concreta el coste exacto de esta medida, ya que dependerá de cómo se distribuyan finalmente los contratos entre los distintos supuestos contemplados.

835 millones en deducciones para casi un millón de inquilinos

La deducción del 60% en el IRPF por rehabilitación energética, o para contratos anteriores a la Ley de Vivienda de 2023, tendrá un coste estimado de 370 millones de euros. Se trata de una de las partidas más relevantes dentro del paquete fiscal del decreto.

La medida de mayor impacto económico es la deducción del 10% para inquilinos con una base imponible inferior a 33.007,20 euros. Beneficiará a unas 945.000 personas, con un coste calculado por Hacienda de 835 millones de euros.

La exención de IRPF en las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 beneficiará a 11.915 contribuyentes, con un coste de 6,8 millones. La exención por transmisión de vivienda desocupada a entidades públicas tendrá un coste estimado de 93,9 millones, una cifra que podría variar según el número final de operaciones acogidas.

Más ingresos por el IVA de pisos turísticos y Socimi

El decreto grava con un 10% de IVA los pisos turísticos, una medida que generará unos 170 millones de euros anuales para las arcas públicas. En diciembre, mes en que entraría en vigor si se convalida el texto, el ingreso estimado sería de 14 millones de euros.

El tipo reducido de IVA para obras de renovación en viviendas de alquiler supondrá un coste de 103,5 millones en términos de año completo. Rebajar el IVA al 4% para la vivienda protegida costará, según los cálculos del Gobierno, unos 121,2 millones de euros.

La norma también eleva del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios de las Socimi, lo que generará 1,2 millones adicionales de recaudación. Las deducciones fiscales a las que pueden acogerse estas sociedades alcanzan, sin embargo, unos 3 millones de euros.

Por último, la memoria del decreto señala que las aportaciones de inmuebles del Patrimonio del Estado a Casa 47 tienen principalmente un efecto patrimonial. El Gobierno admite que podrían generar también consecuencias presupuestarias, aunque no las especifica en el documento.