Un 68,4% de los españoles considera que el derecho a una vivienda digna solo está garantizado para algunas personas. Así lo refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado del Bienestar, conocida este miércoles.
El estudio revela además una postura todavía más crítica en una parte de los encuestados. Un 18,2% considera que, en realidad, nadie tiene garantizado ese derecho en España actualmente.
Solo un 11,9% de los españoles cree que la vivienda está al alcance de todos por igual. La encuesta se realizó entre el 10 y el 17 de septiembre, mediante 6.040 entrevistas a nivel nacional.
Ese periodo de trabajo de campo es anterior al desahucio de Maricarmen Abascal, que aceleró después las protestas ciudadanas por la crisis habitacional. Pese a ello, dos de cada tres españoles, un 65,9%, ya anticipaban entonces que el problema empeorará dentro de un año.
El estudio contrasta con la percepción sobre otros derechos sociales, donde la confianza ciudadana es mayor. Una mayoría de los encuestados considera que la educación, con un 60,6%, está garantizada para todos los españoles.
La sanidad recibe una valoración similar, con un 60,7% de respaldo entre los encuestados. La cultura, con un 58,9%, y la protección de la infancia, con un 56%, también superan el aprobado en esta misma percepción.
La vivienda queda así como una excepción clara frente al resto de derechos sociales analizados por el CIS. La brecha entre la confianza en estos ámbitos y la desconfianza sobre el acceso a la vivienda resulta especialmente amplia.
Más allá de la vivienda, el estudio detecta una desconfianza generalizada hacia el funcionamiento institucional. Un 70,7% de los españoles considera que las leyes no se aplican por igual a todos los ciudadanos.
Un 58,7% de los encuestados, además, está convencido de que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos que paga. Esta percepción convive, sin embargo, con una clara demanda de mayor inversión pública en sectores concretos.
Nueve de cada diez personas reclaman más gasto en sanidad, con un 94,6% de apoyo a esa medida. La educación, con un 92,6%, y la prevención de incendios, con un 92,1%, completan el podio de las demandas más respaldadas. El CIS no incluyó la vivienda entre las partidas sometidas a esta pregunta concreta sobre gasto público.