La Comunidad de Madrid da 48 horas a Delegación para desalojar la acampada de Sol

El Gobierno de Ayuso amenaza con ir a la justicia si no actúa el Ejecutivo central

La Comunidad de Madrid ha enviado este martes un requerimiento a la Delegación del Gobierno para que desaloje la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso da un plazo de 48 horas para desplegar a la Policía Nacional.

Desde el Gobierno regional han advertido que, de no producirse el desalojo en ese plazo, recurrirán a los tribunales. Solicitarán entonces un contencioso-administrativo con la evacuación de la plaza como medida cautelar.

La Comunidad califica la concentración indefinida de «ilegal» y asegura que provoca «importantes perjuicios» a vecinos y comerciantes de la zona. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, fue el encargado de anunciar el requerimiento.

«La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol», declaró el consejero desde la Real Casa de Correos. Reprochó además a la Delegación del Gobierno su falta de actuación desde el inicio de la protesta.

Cientos de personas llevan desde el sábado en la plaza

La acampada arrancó el sábado, cuando cientos de personas se congregaron junto a la sede del Gobierno regional para reclamar soluciones frente a la crisis de vivienda. La protesta busca además evitar desahucios como el que afectó recientemente a Maricarmen.

García Martín acusó directamente al delegado del Gobierno en Madrid de permitir la situación sin intervenir. «Los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad» de la Delegación, sostuvo el consejero.

Desde la Delegación del Gobierno respondieron que estudiarán el requerimiento cuando lo reciban formalmente. Su titular, Francisco Martín, ya había explicado que la concentración es «reivindicativa, pero absolutamente pacífica» y descartó autorizar su desalojo.

El temor a pérdidas económicas y daños al patrimonio

El Gobierno regional teme que la acampada termine perjudicando económicamente a los comercios del entorno de Sol. García Martín citó como precedente el 15-M, cuando aseguró que las pérdidas superaron los 90 millones de euros.

La Comunidad también reclama proteger el edificio de la Real Casa de Correos, con más de 250 años de historia y declarado Bien de Interés Cultural. El consejero denunció pintadas y basura arrojada contra su fachada durante los últimos días de protesta.

Además de la vía contencioso-administrativa, el Ejecutivo regional baraja acciones legales en el ámbito penal contra el delegado del Gobierno. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, solicitó también el lunes disolver la concentración y estudia sus propias opciones legales.

El choque político de fondo por el caso Maricarmen

Al margen del ultimátum, la Comunidad ha reprochado al Gobierno central su inacción ante el caso de Maricarmen y otros desahucios similares. Según García Martín, el Ejecutivo no ha actuado ante «los otros 30.000 alzamientos» que, asegura, existen en España.

«Tenemos un Ministerio de Vivienda que no sabemos para qué sirve», criticó el consejero, calificando la situación de «absoluto desgobierno». Desde el Gobierno regional insisten en que la Comunidad y el Ayuntamiento son las únicas administraciones que han mantenido contacto directo con Maricarmen para ofrecerle soluciones habitacionales.