Julio Miguel Martínez Sola, expresidente ejecutivo de Plus Ultra Líneas Aéreas y aún su accionista de control a través de la sociedad unipersonal Sky Solutions, S.L., ha dejado de mandar en la compañía.
Así lo comunicó ayer, 24 de septiembre, al Tribunal Central de Instancia (Sección de Instrucción, Plaza n.º 2) en un escrito presentado en las Diligencias Previas 77/2024. La causa de la Audiencia Nacional que investiga el rescate público de la aerolínea.
Según su defensa, fue la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que forzó ese paso.
El escrito, firmado por el abogado Jaime González Gugel y la procuradora Leticia Calderón Galán, sostiene que la colaboración de Martínez Sola con la investigación «ha propiciado» que los representantes de la SEPI le exigieran renunciar de forma irrevocable a sus derechos políticos como accionista.
Esa renuncia era, según la defensa, la condición para que el organismo público siguiera cumpliendo los compromisos del contrato de asistencia financiera firmado con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Martínez Sola aceptó, dice el escrito, «en aras a proteger la compañía, así como a sus trabajadores, clientes y proveedores».
La conclusión que su defensa traslada al juez es que desde el pasado 18 de septiembre «carece de control material alguno en la compañía».
Se trata de la versión de parte del investigado. El escrito no incluye ninguna comunicación de la SEPI que documente esa exigencia.
La operación se formalizó el 18 de septiembre ante el notario de Madrid Jorge Sáez-Santurtún Prieto, con el número 3.035 de su protocolo. En ella, Sky Solutions otorga un «poder especial irrevocable» a Jorge Hugo Castaño Vega, al que la escritura describe como «también accionista» de Plus Ultra, para ejercer los derechos políticos de todas sus acciones.
Esas acciones son de tres paquetes. El primero, de 28.412 acciones ordinarias de clase A, procede de la constitución de la aerolínea en 2011. El segundo, de 1.636.333 acciones de clase A, lo compró Sky Solutions a SNIP Aviation, S.L. en mayo de 2025, y la operación quedó condicionada a la autorización del propio FASEE, que llegó el 21 de noviembre de 2025. El tercero lo forman 6.150 acciones privilegiadas de clase B, de 100 euros nominales cada una, suscritas en la ampliación de capital aprobada en abril de 2025. En conjunto suman el 51,10% del capital social.
La escritura revela además que 1.404.011 de esas acciones siguen pignoradas a favor del FASEE desde el 12 de marzo de 2021, en garantía del rescate. Esa prenda se constituyó cuando las acciones aún pertenecían a SNIP Aviation. El documento precisa que el acreedor no ha comunicado ningún incumplimiento ni ha iniciado la ejecución de la prenda.
El poder autoriza a Castaño a asistir y votar en las juntas «conforme al criterio del Apoderado», pedir su convocatoria, impugnar acuerdos, ejercer acciones de responsabilidad y designar consejeros por el sistema de representación proporcional. Su vigencia es indefinida mientras Sky Solutions mantenga las acciones. Se configura como un mandato in rem propiam, otorgado en interés del apoderado, por lo que solo puede revocarse en una nueva escritura en la que comparezcan y consientan ambas partes. Incluye también una cláusula de autocontratación que admite conflictos de intereses.
El poder desarrolla un contrato previo de cesión de derechos políticos, elevado a público ante el mismo notario con el número de protocolo inmediatamente anterior. Ese contrato, que fija las contraprestaciones y los límites de la cesión, no se ha aportado a la causa. La escritura se redactó «conforme minuta escrita» presentada por el propio compareciente.
El segundo documento que aporta la defensa remite a los orígenes del rescate. Se trata de un correo que Martínez Sola, entonces vicepresidente de Plus Ultra, envió el 29 de septiembre de 2020 a Pedro Saura García, entonces secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el ministerio que dirigía José Luis Ábalos. Iban en copia Francisco Ferrer Moreno y David Benito Astudillo, ambos con dirección del ministerio.
En el correo, Martínez Sola trasladaba «para su conocimiento» un escrito registrado en la SEPI el día anterior, con número de entrada 001021, como recordatorio de la solicitud de ayuda presentada el 1 de septiembre de 2020. El escrito que se adjunta, fechado el 25 de septiembre, transmitía al presidente del Consejo Gestor del fondo la «extrema preocupación» de la aerolínea por no tener noticias del expediente. Argumentaba que la concesión inmediata era esencial para la supervivencia de la compañía y pedía que se diera al expediente «el impulso oportuno».
El documento acredita que el directivo informaba al Ministerio de Transportes de sus gestiones ante la SEPI mientras el expediente seguía en tramitación. Seis meses después, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó el rescate de 53 millones de euros.