El desgarrador testimonio de una madre en Ceuta ha encendido, de manera inevitable, todas las alarmas de nuestra sociedad actual. Ver a una mujer rota, relatando con absoluta impotencia cómo un individuo forastero clavaba la mirada de arriba abajo a su hija de tan solo siete años, no es un hecho aislado, una exageración o una simple rabieta provinciana.
Es la manifestación más pura, visceral e incontestable del instinto de conservación humana; ese sexto sentido materno que no entiende de paños calientes, de discursos complacientes ni de corrección política institucional, sino que atiende de forma exclusiva a la protección de lo más sagrado que poseemos en nuestra patria: la inocencia de los niños.
Cuando el entorno público se vuelve hostil y amenazante para los más vulnerables, es un deber ciudadano irrenunciable alzar la voz sin ambajes frente a la pasividad de quienes tienen la obligación legal de velar por la seguridad en nuestras calles. Un relato de esta naturaleza hiere profundamente el corazón de cualquier padre de familia.
Alguien podría intentar restar importancia a este grave asunto de la convivencia diaria argumentando con extrema ligereza que «solo era una mirada incómoda y nada más». Sin embargo, la prudencia, el decoro y el respeto absoluto a los menores son estrictamente obligatorios en cualquier sociedad civilizada, más aún cuando se transita temporal o permanentemente por un suelo extranjero.
No estamos ante un descuido superficial o choque cultural admisible, sino ante una actitud descarada, desafiante y ofensiva que vulnera de forma directa la tranquilidad psicológica y desnuda con la vista a una niña de corta edad en nuestras propias plazas públicas. En España, los pequeños se crían bajo el amparo de los valores tradicionales de hogares cristianos que priorizan la decencia y las buenas maneras, por lo que resulta del todo intolerable que se normalicen conductas groseras que asimilan a la infancia con objetos de escrutinio inapropiado, provocando una honda laceración en el espíritu y la moral de las personas de bien que habitan en la península.
Existe una regla universal de convivencia humana que dicta que quien entra en una propiedad ajena debe someterse de manera estricta e incondicional a las normas internas fijadas por los anfitriones. La inmensa gravedad de lo que acontece en la ciudad autónoma radica en que estos individuos en particular no han sido invitados formalmente a ingresar, sino que han accedido a nuestro suelo de forma ilegal, saltándose la valla fronteriza y vulnerando la soberanía de la nación, pretendiendo de manera arrogante imponer conductas que son absolutamente incompatibles con nuestro modo de vida y con la rectitud de los códigos vigentes.
Introducirse por la fuerza en un hogar territorial que no les pertenece, como es la geografía ceutí, constituye una violación flagrante a la hospitalidad colectiva, un ultraje que quiebra la confianza ciudadana y desata un sentimiento de desamparo e indignación masiva ante la evidente falta de firmeza en la custodia y el resguardo de los límites territoriales de España.
Esta honda preocupación social toca de lleno el legítimo orgullo caballa y la identidad histórica de una población que se niega rotundamente a ver trastocadas sus costumbres por un proceso de transculturización forzada y descontrolada. El civismo, la educación y la seguridad de la niñez constituyen pilares sagrados y no negociables bajo ningún tipo de prisma o justificación multicultural.
Por esta poderosa razón, el sentimiento de los españoles de bien se rebela con firmeza ante la alarmante idea de que se importen e instalen en nuestros barrios tradicionales comportamientos degradantes que rebajen el respeto debido a los menores, pretendiendo con ello que la sufrida población local se acostumbre dócilmente a tolerar abusos morales en su propia tierra natal.
Aceptar esta degradación de los modales en el espacio público significaría la destrucción progresiva de nuestra propia esencia secular, menoscabando los principios de decencia pública recibidos de nuestros mayores de generación en generación.
El valiente testimonio de esta madre ceutí debe actuar de inmediato como un severo y definitivo recordatorio para las autoridades políticas e instituciones policiales que gestionan la seguridad ciudadana y el control migratorio. La verdadera integración de quien llega a nuestro suelo no es una opción de carácter debatible, sino un acatamiento estricto, riguroso e inmediato de nuestros valores jurídicos fundamentales.
No se pueden apagar estas alertas sociales ni mirar hacia otro lado; garantizar que las familias locales puedan pasear tranquilas y sin la dolorosa sensación de peligro por sus propios vecindarios debe seguir siendo la prioridad absoluta de un auténtico Estado de derecho que se precie de tal.
Proteger el futuro de nuestra comunidad implica aplicar la ley con la máxima contundencia frente a cualquier atisbo de hostigamiento o falta de civismo que amenace la paz de los hogares, restituyendo la plena tranquilidad cotidiana que legítimamente merecen todos los ciudadanos de nuestro país.
«Nadie está obligado a acoger en su casa a quien demuestra desprecio por las normas del hogar. El derecho de admisión y la protección del menor, consagrados en el espíritu de las leyes españolas, son la frontera infranqueable de nuestra civilización».
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor universitario