El Sindicato de Enfermería ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación histórica. El colectivo exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que culminen, cuanto antes, el traspaso de la sanidad en prisiones.
La organización recuerda que la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ya ordenó este traspaso hace 23 años. Pese a ello, solo se ha completado en tres comunidades: Cataluña, País Vasco y Navarra.
Según denuncia SATSE, ninguna administración implicada ha mostrado voluntad real de cerrar un acuerdo. El sindicato acusa a las distintas partes de derivarse mutuamente la responsabilidad, escudándose en discrepancias sobre la financiación necesaria.
El sindicato considera este bloqueo un ejemplo claro de las dificultades políticas del país para anteponer el interés general. A su juicio, son los profesionales sanitarios y la ciudadanía quienes terminan pagando las consecuencias de ese desacuerdo.
SATSE alerta de que esta situación compromete directamente la calidad de la atención sanitaria en prisiones. Apunta a un déficit creciente de profesionales, tanto de enfermería como de medicina, en estos centros.
Como ejemplo, cita la última convocatoria de plazas del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, realizada a finales del año pasado. El Ministerio del Interior ofertó entonces solo 39 puestos, una cifra que el sindicato considera claramente insuficiente.
Los datos oficiales manejados por la organización resultan reveladores. La población en prisiones supera ya las 62.000 personas, mientras trabajan menos de 600 enfermeras en el conjunto de centros penitenciarios.
Esa proporción implica que cada enfermera debe hacerse cargo, de media, de más de 100 personas durante su jornada laboral. SATSE habla de una sobrecarga laboral permanente y estructural.
El sindicato añade que cubrir bajas, jubilaciones o vacaciones del personal resulta extremadamente complicado, cuando no imposible. Esto obliga a las enfermeras a asumir funciones que exceden sus competencias específicas.
Según la organización, este contexto expone a los profesionales a entornos de alta exigencia asistencial. Advierte también de riesgos serios para su seguridad y su salud, tanto física como psicológica.
Ante este panorama, SATSE reclama que el traspaso se ejecute con la dotación económica necesaria. Insiste en que esa financiación debe permitir mejorar tanto la atención a los reclusos como las condiciones de quienes los atienden.
El sindicato pide además que, una vez completada la transferencia, el personal sanitario penitenciario se equipare al personal estatutario del servicio de salud autonómico correspondiente. Esto afectaría tanto a salarios como a condiciones laborales generales.
Finalmente, SATSE reivindica que estos profesionales negocien sus derechos laborales en los mismos ámbitos y mesas que el resto de sus compañeros del sistema público de salud.