La presidenta del Supremo exige respeto a los jueces y rechaza las «descalificaciones» desde la política

La magistrada reconoció que las decisiones judiciales pueden ser objeto de críticas y consideró que aquellas que están razonadas pueden contribuir a mejorar el funcionamiento de la Justicia

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lamentado las «descalificaciones» de «quienes ejercen responsabilidades institucionales» hacia los jueces, ha exigido respeto a las decisiones judiciales y ha asegurado que se toman «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».

Así se ha expresado Perelló en su discurso del acto de apertura del año judicial que se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

La magistrada ha reiterado que su compromiso «ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio» y con el objetivo de que sus decisiones «estén al servicio de la justicia y del interés general», y no «al servicio de otros intereses».

«Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo», ha continuado.

La presidenta del Supremo ha defendido que «la crítica fundada contribuye a mejorar» la justicia y que «siempre será bienvenida». No obstante, la discusión jurídica, a su juicio, «no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto».

«En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones», ha lamentado.

Perelló ha señalado que se trata de «una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva» y que «pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho».

Reclama lealtad institucional

«Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor», ha indicado, para recordar que los informes de la Comisión Europea insisten en que «los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la Justicia».

En esta línea, Perelló ha señalado que «no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción» y ha apelado al «respeto y la lealtad institucional».

Esto último, a su juicio, «no se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho».

«Por ello, esa lealtad exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances», ha expresado.