El Gobierno de Canarias ha vuelto a amenazar con acudir a los tribunales contra el Ejecutivo central. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, avisó este lunes de que recurrirá al Tribunal Supremo. Lo hará si el Estado sigue sin encargarse del triaje de los menores migrantes que llegan solos a las islas.
Delgado hizo este anuncio tras reunirse en Madrid con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz. La consejera salió de ese encuentro sin ninguna novedad relevante, según explicó después a los periodistas. Trasladó además la sensación de que cada cita con representantes del Estado termina de la misma forma, sin avances.
La responsable canaria insistió en que la vía judicial parece la única que empuja a actuar al Gobierno central. Recordó que Canarias ya recurrió antes a la justicia por otro asunto similar. Se refería al caso de los menores solicitantes de protección internacional.
La consejera reiteró que el triaje corresponde al Estado según el pacto europeo de migración y asilo. Por eso rechazó la propuesta de la ministra Sáiz de financiar ese servicio pero dejarlo en manos del Gobierno canario. Para Delgado, el problema no es económico, sino de reparto de responsabilidades.
Explicó que, tras la reforma de la ley de extranjería y la declaración de la contingencia migratoria, el Estado ya asume los gastos de atención a estos menores. Considera que el triaje forma parte de la protección del territorio nacional. Esa función, subrayó, sigue siendo competencia exclusiva del Gobierno central.
Delgado admitió que el pacto migratorio europeo permite algún tipo de colaboración autonómica. Pero lamentó que ningún ministerio se haya sentado todavía con las comunidades autónomas para definir esa colaboración. Solo existe, según explicó, un acuerdo parcial ya cerrado con Ceuta.
La consejera advirtió de que el hacinamiento de menores migrantes en Canarias empieza a repuntar. Lo atribuyó a la llegada reciente de nuevas embarcaciones a las islas. Señaló además la necesidad de determinar antes cuántos de esos menores piden asilo internacional.
Delgado también criticó que el Gobierno reparta la responsabilidad entre distintos ministerios pese a existir un mando único. Ese mando, recordó, recae en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A su juicio, esa falta de coordinación retrasa una respuesta que Canarias necesita de forma urgente.
La consejera defendió que colaborar no equivale a asumir todo el peso de la gestión. Tampoco lo entiende como una delegación completa de competencias hacia la comunidad autónoma. Para ella, la colaboración debería limitarse a momentos puntuales y bien definidos.
Delgado reprochó igualmente al Gobierno central no haber adaptado en dos años su normativa al pacto migratorio europeo. Insistió en que Canarias no descarta colaborar, pero exige antes sentarse a negociar. Puso como ejemplo la necesidad de definir qué figura tendría el futuro defensor del menor.
Sobre la acogida de personas adultas, la consejera sí hizo una valoración positiva sobre el espacio. Explicó que la red canaria dispone de unas 5.000 plazas, de las que solo están ocupadas alrededor de mil. A eso se suman, añadió, las derivaciones periódicas de migrantes hacia la Península.