El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este martes un nuevo escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que reclama la apertura inmediata de diligencias penales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la entrada masiva e irregular de migrantes en Ceuta a finales de julio.
La organización, presidida en este trámite por su secretario general, Miguel Bernad Remón, sostiene que la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este mismo día en el Congreso de los Diputados aporta la prueba que, a su juicio, faltaba para sustentar la imputación.
El escrito presentado hoy no es el primero. Manos Limpias ya había formulado una denuncia ante la Sala Segunda el pasado 3 de agosto contra Sánchez y Marlaska por un presunto delito de imprudencia grave, al considerar que ambos incurrieron en inacción ante un delito contra la independencia y la soberanía del Estado. Ocho días después, el 11 de agosto, el sindicato amplió aquel escrito incorporando alertas que, según su relato, procedían de Frontex, el CNI, el CIFAS y el propio presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Este nuevo escrito se apoya expresamente en esas dos actuaciones previas y las presenta como el marco en el que debe leerse la comparecencia de Robles.
Según recoge el escrito, la ministra de Defensa —que ejerce como máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia— reconoció ante la Cámara Baja que el organismo advirtió de la invasión y que trasladó esa alerta, como mínimo, al delegado del Gobierno en Ceuta, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para Manos Limpias, esa manifestación institucional convierte en innecesaria cualquier duda sobre si el Ejecutivo tuvo conocimiento previo de lo que iba a ocurrir en la frontera ceutí, y por tanto —sostienen— sitúa la responsabilidad en la falta de reacción ante una información que, según el sindicato, ya obraba en poder del Gobierno.
Con ese argumento, el sindicato solicita formalmente que la Sala Segunda del Tribunal Supremo —único órgano competente para investigar a un presidente del Gobierno y a un ministro por su condición de aforados— acuerde la apertura de diligencias penales contra ambos.
El escrito, firmado por Bernad Remón como secretario general de Manos Limpias, está fechado en Madrid el 25 de agosto de 2026.
Este procedimiento ante el Tribunal Supremo se suma a otras causas abiertas por los mismos hechos, entre ellas las diligencias que instruye la Audiencia Nacional a raíz de las denuncias y querellas presentadas por Iustitia Europa, HazteOír.org y Vox contra el delegado del Gobierno en Ceuta.