La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 20 personas por la venta de perros con orejas y rabo amputados de forma ilegal. 14 de ellas han sido detenidas, mientras que las seis restantes siguen bajo investigación. Se les atribuyen delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental.
La investigación arrancó cuando un mastín italiano ingresó en un hospital veterinario de Cáceres por una dolencia médica. Durante la revisión, el equipo veterinario detectó amputaciones recientes en las orejas y el rabo del animal.
El propietario presentó un certificado que situaba la intervención en Rusia, donde esa práctica es legal. Los agentes comprobaron, sin embargo, que el documento era falso y había sido creado para eludir la ley española.
El seguimiento del caso condujo a los investigadores hasta un criadero situado en Alicante. En una primera fase, los agentes detuvieron al propietario del mastín y a los dos responsables del criadero. Posteriormente, destaparon una red más amplia, encabezada por la propietaria del criadero. También fueron detenidas su pareja sentimental y una tercera persona, amiga de ambos.
Según la Guardia Civil, la organización vendía cachorros y pactaba con los compradores el corte de orejas y rabo a su gusto. Para simular legalidad, entregaba a los compradores documentación falsificada sobre las amputaciones. Además, enviaba vídeos explicativos con instrucciones para curar las heridas tras la intervención.
Los investigadores concluyeron que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las amputaciones y la falsedad de los papeles. Por estos hechos, seis personas continúan investigadas penalmente.
Los agentes detectaron además otro grupo de casos: compradores que adquirieron perros con las orejas y el rabo intactos. Más tarde, por decisión propia, sometieron a esos animales a las amputaciones estéticas. Por esta vía, la Guardia Civil detuvo a otras nueve personas.
La investigación destapó también la participación de un veterinario colegiado, que fue detenido por su presunta colaboración. Según las pesquisas, entregaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco, ya firmados y sellados. Ella misma se encargaba después de rellenar esos documentos con los datos de cada caso.
Los investigadores comprobaron, además, que la mujer implantaba microchips a los cachorros sin titulación veterinaria. El caso ha sido remitido a la autoridad judicial de Novelda, en Alicante.