El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha acordado inhibirse en la causa que investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y a Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. El magistrado Arturo Zamarriego considera que existen conexiones suficientes con otra investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz y ha decidido que ambas se tramiten conjuntamente.
La decisión aparece recogida en un auto fechado el 11 de agosto de 2026, en el que Zamarriego ordena remitir las diligencias previas al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La resolución responde a un requerimiento de inhibición planteado desde el juzgado de Pedraz al entender que los hechos analizados en ambos procedimientos están relacionados.
Según recoge el auto, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Leire Díez habría ofrecido presuntamente remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal a cambio de información o de determinadas actuaciones relacionadas con sus funciones.
El objetivo de esas maniobras, siempre según las pesquisas incorporadas al procedimiento y pendientes de esclarecimiento judicial, habría sido interferir en investigaciones que afectaban a dirigentes del PSOE y al Gobierno. Se trata de hechos que todavía están bajo investigación y sobre los que no existe una sentencia.
La resolución judicial también recoge la posible participación de otras personas. Entre ellas aparece Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a quien la investigación atribuye presuntamente un papel de respaldo a las actuaciones de Díez. También se mencionan Gaspar Carlos Zarrías, Jacobo Teijelo, Ismael Oliver y Ana María Fuentes, además del empresario Javier Pérez Dolset.
El magistrado considera que los hechos investigados en Madrid están estrechamente vinculados con los que analiza la Audiencia Nacional. La tramitación conjunta permitiría, según su razonamiento, esclarecer mejor el papel de cada investigado, tomar las declaraciones necesarias y determinar el origen y destino del dinero que habría recibido Díez.
Otro de los argumentos para trasladar el procedimiento es que la causa del Juzgado número 9 se centraba inicialmente en tres personas que podrían no ocupar, según el propio auto, las posiciones principales dentro de la supuesta operativa investigada. La causa que dirige Pedraz, en cambio, tendría un alcance más amplio e incluiría a personas a las que se atribuye una mayor responsabilidad.
La decisión de Zamarriego coincide con el criterio expresado por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas en el procedimiento. De esta forma, las diligencias y las correspondientes piezas separadas serán enviadas al Juzgado Central de Instrucción número 5 para su acumulación en una única causa.
El Juzgado número 9 conservará un testimonio digital de las actuaciones para poder gestionar los recursos que todavía estén pendientes. Contra la resolución pueden presentarse un recurso de reforma en un plazo de tres días y un recurso de apelación en cinco días.