La Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada a producir cocaína en laboratorios clandestinos para distribuirla entre otras redes criminales. La operación terminó con 27 personas detenidas tras 11 registros realizados en distintos puntos del país. Los agentes intervinieron 163 kilos de droga y casi 100.000 euros en efectivo.
Nueve de los 11 registros se llevaron a cabo en territorio madrileño: ocho en la capital y uno en Rivas Vaciamadrid. Los otros tres se realizaron en Illescas (Toledo), Dénia (Alicante) y Don Benito (Badajoz), uno en cada localidad.
Además de la droga y el dinero, los agentes incautaron una docena de vehículos y un arma de fuego. También se intervinieron 14 teléfonos móviles, un millar de precursores químicos, prensas, sellos, básculas de precisión y moldes usados para elaborar cocaína. La investigación permitió además bloquear bienes de la organización valorados en cerca de 115.000 euros en vehículos y 258.000 en inmuebles.
De los 27 detenidos, 23 fueron arrestados en España: 14 en Madrid, y otros en Rivas, Recas, Almería y Talavera de la Reina. Las cuatro detenciones restantes tuvieron lugar en Australia, lo que confirma el alcance internacional de la trama.
La justicia ordenó el ingreso en prisión de tres arrestados, considerados los cabecillas de la organización. Fuentes policiales señalan que la causa sigue abierta y que no descartan nuevas detenciones en los próximos meses.
Las pesquisas arrancaron en febrero de 2025, al detectarse una organización asentada en la Comunidad de Madrid. Los investigadores comprobaron que la red importaba cocaína oculta en madera, fruta, chatarra y cemento.
El transporte se realizaba por vía marítima, en contenedores que pasaban por puertos europeos como los de Bélgica. Allí, la organización contaba con al menos un colaborador infiltrado que facilitaba el paso de la mercancía. Ya en Europa, la droga viajaba por carretera hasta España en vehículos con compartimentos ocultos especialmente preparados.
En España, la red disponía de laboratorios clandestinos instalados en fincas de zonas rurales poco pobladas. Allí extraían el clorhidrato de cocaína de los materiales que servían para camuflar su transporte.
Después trasladaban la sustancia a un segundo tipo de laboratorio, ubicado en domicilios particulares. En esos pisos mezclaban la droga con productos químicos más baratos para aumentar su peso y su rentabilidad. Finalmente almacenaban la mercancía en naves cercanas a las ciudades donde operaban sus compradores habituales.
La investigación reveló una estructura jerárquica muy definida, dirigida por un experto en procesos químicos de extracción. A este cabecilla se le conocía como «el gordo» o «el quemado». Las quemaduras se las provocó años atrás un accidente durante la manipulación de droga.
Había tejido una red de contactos con cárteles colombianos, especialmente con el de Cali, adonde viajaba habitualmente para cerrar acuerdos. También mantenía vínculos en Panamá y Bélgica, países clave en la ruta de entrada y salida de la sustancia. Entre sus colaboradores de mayor confianza figuraba un sobrino, apodado «el artista», experto en cortar y adulterar la cocaína.