La adjudicación directa y la emergencia comprobada

«En la contratación pública, el uso indebido de los procedimientos excepcionales no solo quiebra la transparencia del Estado, sino que vulnera la confianza depositada por la ciudadanía.» — Gabriel Bonnot de Mably

La contratación del sector público en España, regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, consagra como regla general los principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato entre los licitadores. Sin embargo, la normativa contempla de forma tasada y rigurosa la figura del procedimiento negociado sin publicidad por razones de extrema urgencia, así como la tramitación de emergencia para responder a situaciones catastróficas. Este mecanismo excepcional permite a las administraciones públicas contratar bienes, servicios u obras sin someterse a los plazos habituales de la licitación ordinaria. No obstante, el recurso a la vía directa debe estar plenamente justificado en hechos sobrevenidos e imprevisibles que impidan la tramitación de urgencia común. La adjudicación directa por razones de emergencia exige una fundamentación objetiva e insustituible para no vulnerar el principio constitucional de concurrencia.

El empleo desvirtuado de la urgencia o de la emergencia en la contratación de las entidades públicas puede derivar en supuestos de fraude de ley, al ampararse formalmente en un supuesto habilitante para eludir la libre competencia. Citar el aforismo del jurisconsulto Julio Paulo en el Digesto resulta oportuno, pues obra en fraude de la ley quien, respetando la letra formal, tuerce su verdadero sentido e intención protectora. Pretender justificar contratos a dedo mediante falsas emergencias o falta de planificación administrativa constituye una manipulación inaceptable del ordenamiento jurídico. La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas enfatizan que las excepciones a la licitación deben interpretarse de manera restrictiva, garantizando que el interés general no sea instrumentalizado para favorecer contrataciones arbitrarias. El recurso improcedente a los trámites de emergencia desnaturaliza la normativa de contratación y vulnera el espíritu de transparencia legal.

En situaciones de calamidad pública o catástrofes que afecten a la colectividad, el ordenamiento constitucional prevé los estados de alarma, excepción y sitio como marcos normativos especiales. Bajo estos presupuestos excepcionales, regulados por ley orgánica y declarados mediante Consejo de Ministros, las autoridades quedan facultadas para adoptar medidas extraordinarias de gestión económica y logística. Asimismo, la normativa autonómica y local habilita la tramitación de emergencia cuando la seguridad, la salud pública o el suministro de bienes esenciales se encuentran amenazados de forma inminente. Entender la verdadera dimensión de la emergencia comprobada implica delimitar las situaciones de riesgo real frente a meras conveniencias administrativas que pretenden eludir la fiscalización. Las catástrofes y crisis públicas facultan el uso de mecanismos de excepción siempre que se preserven las garantías básicas de fiscalización.

Se advierte con frecuencia una corriente que pretende calificar como emergencia dentro de un órgano público cualquier situación de riesgo o de posible menoscabo funcional. No obstante, las eventualidades derivadas del retraso sistemático, la negligencia en la elaboración de los pliegos o la impericia de los gestores no constituyen en modo alguno un supuesto válido de contratación directa. Confundir la imprevisión del administrador con una verdadera emergencia técnica menoscaba la estructura funcional del órgano administrativo y perjudica la correcta custodia del erario público. La tramitación de emergencia solo resulta legítima ante peligros inminentes e inevitables que afecten a las personas o a los bienes públicos, descartando la mala gestión programática como justificativo legal. La negligencia administrativa en la planificación no constituye un supuesto válido para justificar la adjudicación directa por emergencia.

Por otra parte, la legislación de contratos reconoce que existen situaciones imprevisibles cuya falta de atención inmediata generaría perjuicios irreparables para la comunidad. En tales escenarios, la tramitación de emergencia permite a la Administración actuar con la rapidez requerida para mitigar el daño y restablecer los servicios esenciales. Sin embargo, una vez superada la fase crítica inicial y asegurada la contingencia, la entidad contratante está obligada a encauzar las necesidades subsiguientes mediante los procedimientos ordinarios de licitación pública. Extender de manera indefinida la vigencia de contratos directos bajo el pretexto de la crisis inicial constituye un exceso que despoja al proceso de su debida transparencia. La inmediatez en la respuesta ante un desastre no autoriza la prórroga indefinida de contrataciones excepcionales.

El control riguroso de la contratación administrativa y la responsabilidad en la gestión del patrimonio público representan el verdadero cimiento del Estado de Derecho. Quienes ejercen funciones en la administración pública están obligados a actuar con probidad y estricto apego al ordenamiento jurídico, impidiendo que la discrecionalidad técnica degenere en arbitrariedad. La fiscalización posterior realizada por las intervenciones generales y los órganos de control externo garantiza que el gasto presupuestario responda a principios de eficacia, eficiencia y moralidad. Preservar la integridad en las contrataciones estatales es la vía fundamental para proteger los recursos de la ciudadanía y garantizar el prestigio de las instituciones. El estricto cumplimiento de la ley de contratos en los trámites de excepción salvaguarda la integridad de los recursos públicos.

«Nada de lo que la ley otorga como excepción debe ser interpretado como un privilegio para eludir la justicia y la equidad.» — Miguel de Unamuno

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor universitario