El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha reconocido abiertamente su inquietud ante las convocatorias difundidas a través de las redes sociales que animan a una nueva entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de cara al próximo 15 de agosto.
«Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes», ha admitido, confirmando que ya han puesto estos avisos en conocimiento de «los medios competentes al objeto de que lo tengan en cuenta por si se puede producir algo similar».
Estas alertas en el entorno digital, recogidas por medios locales como Ceuta al Día y La Verdad de Ceuta, incluyen llamamientos específicos bajo lemas como «haraga mrc» —término empleado para referirse a la emigración irregular—, además de consignas amenazantes o apremiantes como «Nuestra última oportunidad» y «Todo se verá ese día». Ante este escenario, el Ejecutivo local se mantiene expectante a la espera de los acontecimientos, confiando en que la situación no llegue a materializarse.
En el plano político e internacional, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que defender la actuación del Ejecutivo frente a las duras críticas vertidas por socios europeos como Italia y Bélgica durante una reunión comunitaria. Desde el Gobierno belga se censuró la política de regularizaciones del Estado español al considerar que «estas regularizaciones masivas tienen un efecto de atracción demasiado fuerte».
Por su parte, Marlaska ha negado tajantemente que la crisis migratoria haya puesto en riesgo el espacio Schengen y ha respondido a los datos de presión fronteriza asegurando que 70.000 de los 72.000 migrantes que accedieron a Ceuta ya han sido retornados, garantizando que el resto seguirá el mismo camino si no disponen del derecho legal a permanecer en el territorio.
Asimismo, en el marco de este enfrentamiento diplomático provocado por la suspensión temporal del acuerdo Schengen por parte de Roma en protesta por la situación, Marlaska ha instado directamente a Italia a «repensar la decisión» de aplicar controles unilaterales a los ciudadanos y flujos procedentes de España.