Zapatero recurre la autorización del juez para investigar cuentas bancarias suyas y de su entorno

La defensa argumenta que permitir el acceso ilimitado a todo su historial financiero podría derivar en una «investigación prospectiva y vulnerar derechos fundamentales»

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la autorización del juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar cuentas bancarias del exlíder socialista, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, entre otros.

La defensa del ex presidente argumenta que permitir el acceso ilimitado a todo su historial financiero podría derivar en una «investigación prospectiva y vulnerar derechos fundamentales».

El recurso cuestiona que el magistrado autorizara a la UDEF a ampliar la información pertinente sin requerir una autorización judicial previa para cada nuevo dato. Asimismo, la defensa critica que el margen temporal analizado abarque desde 2020 hasta la actualidad, un periodo que, a su juicio, «va más allá del periodo de investigación» y carece de proporcionalidad respecto a los hechos indagados.

Temen una filtración a los medios

La defensa advierte de que la diligencia genera «una fotografía financiera completa de seis años y medio de la vida de seis personas físicas», incluyendo a sus hijas, su secretaria y terceros, además de 13 sociedades. Ante esto, temen una filtración a los medios y una «exposición pública de datos íntimos ajenos» al procedimiento judicial en curso.

Aunque Zapatero no se opone a que se investiguen los movimientos bancarios —al considerar que el resultado «podrá deshacer la tesis policial central, altamente especulativa» sobre supuestos pagos—, exige que la depuración de los datos no quede en manos de la policía, solicitando que sea el letrado de la Administración de Justicia quien filtre la información.

Cabe recordar que el expresidente está siendo investigado por su presunta implicación en una trama de influencias favorable a la aerolínea Plus Ultra, enmarcada en el controvertido préstamo de 53 millones de euros que el Estado concedió a la compañía en el año 2021.