«Es necesaria una política europea eficaz, la cooperación internacional y el control real de las fronteras»

El abogado Rodríguez Flores señala que la solidaridad debe ser compatible con la seguridad y la protección de derechos humanos

Hoy debería dimitir Marlaska!

¿Ha renunciado España y Europa a proteger sus fronteras? 8000 a la hora? Llegará el ejercito?

La inmigración irregular ha dejado de ser únicamente un desafío humanitario para convertirse en un auténtico reto jurídico, económico y de seguridad nacional. España soporta una presión migratoria creciente mientras miles de ciudadanos españoles continúan esperando ayudas para dependencia, vivienda, sanidad o empleo. La pregunta es inevitable: ¿dónde está el equilibrio entre la solidaridad y la obligación constitucional de proteger, en primer lugar, el interés general de los ciudadanos?
El Estado tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, pero también la obligación de ejercer un control efectivo de sus fronteras y de proteger la seguridad pública. Sin control, no existe seguridad jurídica.

La Guardia Civil, la Policía Nacional y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan una labor extraordinaria. Sin embargo, muchos profesionales denuncian que trabajan con recursos limitados y bajo un marco normativo que, en ocasiones, dificulta su actuación frente a la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas.

Resulta preocupante que desde el Gobierno se transmitan mensajes de tranquilidad cuando una parte de la sociedad percibe riesgos asociados a la presión migratoria, la saturación de servicios públicos y la capacidad de respuesta de las administraciones. Ignorar esas preocupaciones no contribuye a resolver el problema.

Ceuta, Melilla y Canarias representan la frontera sur de España y también de la Unión Europea. Su protección no puede recaer únicamente sobre quienes prestan servicio en primera línea. Es necesaria una política europea eficaz, basada en el cumplimiento de la ley, la cooperación internacional y el control real de las fronteras.

No se trata de enfrentar a españoles contra inmigrantes. Se trata de exigir que el Estado de Derecho funcione, que las normas se cumplan y que la solidaridad sea compatible con la seguridad, la legalidad y la protección de quienes sostienen nuestro sistema con su trabajo y sus impuestos.
Porque sin fronteras seguras tampoco existe una verdadera seguridad jurídica.

Juan Antonio Rodríguez Flores
Jurista | Derecho Público y Estado de Derecho