El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para un total de 211 áreas repartidas en 14 comunidades autónomas. La medida abarca los episodios vividos desde el 31 de marzo hasta el 27 de julio de 2026, marcados principalmente por la virulencia de los incendios forestales, inundaciones, desprendimientos y accidentes industriales.
La gravedad de la situación quedó patente el pasado 23 de julio, cuando el Gobierno se vio obligado por primera vez en la historia a declarar la «emergencia de interés nacional» ante la magnitud de los fuegos que asolaron la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo.
Entre los sucesos más trágicos del periodo destaca el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que dejó un balance de 13 personas fallecidas, un hecho que ha pesado de forma significativa en la decisión del Ejecutivo para agilizar las ayudas.
La declaración activa de forma automática una batería de prestaciones gestionadas por el Ministerio del Interior, que incluyen compensaciones por daños personales y fallecimiento, ayudas para la reparación de viviendas y enseres, así como subvenciones para los ayuntamientos afectados.
Asimismo, la normativa contempla exenciones de tasas en la Jefatura Central de Tráfico para duplicados de documentos y permisos, mientras que otros ministerios desplegarán exenciones fiscales en el IBI y el IAE, además de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para autónomos y empresas.
Las comunidades autónomas incluidas en este macro-acuerdo son Andalucía, Aragón, Illes Balears, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, incorporando además los daños de la borrasca «Marta» en Cataluña.