El Gobierno pone en el punto de mira a las gasolineras que disparen los precios

Las estaciones de servicio con subidas injustificadas de precios serán publicadas en una lista negra que publicará el Gobierno

Las gasolineras que incrementen el precio de los carburantes sin una causa objetiva podrán quedar expuestas públicamente a partir de este miércoles. El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema de control para evitar que algunas estaciones de servicio aprovechen las ayudas estatales y las medidas fiscales aprobadas para paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio y aumentar sus márgenes de beneficio.

La medida forma parte del real decreto-ley que entra en vigor este miércoles y que incluye un refuerzo de la supervisión sobre el mercado de los combustibles.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de analizar la evolución de los precios en todas las gasolineras del país. Si detecta que una estación ha elevado el precio del combustible sin que exista un incremento equivalente en sus costes reales, podrá incluirla en una lista pública de establecimientos con comportamiento anómalo.

El objetivo es ofrecer mayor transparencia a los consumidores y facilitar que puedan identificar aquellas gasolineras que podrían estar obteniendo un beneficio extraordinario gracias a las ayudas públicas o a las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo.

La nueva normativa amplía las obligaciones de información del sector. Hasta ahora, solo las empresas con capacidad de refino en España debían comunicar determinados datos económicos, pero desde este miércoles todos los operadores mayoristas tendrán que detallar sus costes y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026.

El incumplimiento de esta obligación será considerado una infracción grave, lo que permitirá a la CNMC disponer de más información para detectar posibles irregularidades en las gasolineras.

Las estaciones de servicio también deberán habilitar un canal gratuito, visible y accesible para que los consumidores puedan presentar reclamaciones, tanto en el propio establecimiento como a través de su página web. Esta obligación se mantendrá incluso durante los tres meses posteriores a que una gasolinera deje de figurar en la lista pública.

Además, si el precio del combustible ha sido fijado por un distribuidor mayorista y no por la estación de servicio, las gasolineras estarán obligadas a facilitar los datos del responsable para que el consumidor pueda dirigir su reclamación contra quien haya establecido ese precio.

La normativa también obliga a las empresas a informar a los usuarios sobre las vías extrajudiciales disponibles si una reclamación es rechazada. De este modo, deberán explicar cómo acceder a los organismos de resolución de conflictos y qué procedimientos existen para defender sus derechos sin necesidad de acudir a los tribunales.

Con estas medidas, el Gobierno pretende reforzar la vigilancia sobre las gasolineras, aumentar la transparencia del mercado y evitar que las ayudas destinadas a contener el precio de los combustibles acaben traduciéndose en un incremento injustificado de los beneficios empresariales.