Hacienda despliega una operación contra el fraude fiscal inmobiliario en seis comunidades

La actuación afecta a 49 empresas y empresarios y a 18 personas físicas vinculadas al sector

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación coordinada en 12 provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario, que ha conllevado la personación de más de 170 funcionarios en 41 locales de empresas de intermediación de compraventa y alquiler tras analizar denuncias sobre posibles cobros en efectivo no declarados.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, el dispositivo denominado Insulae supone el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas, entre las que se encuentran socios, administradores y personas del entorno familiar.

Por comunidades autónomas, el dispositivo desplegado alcanza a locales situados en la Comunidad Valenciana (19), Andalucía (7), Cataluña (5), Madrid (5), Canarias (4) y Baleares (1), participando personal del Área de Inspección, de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Posible existencia de una bolsa de fraude

En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda han señalado que la operación se enmarca en un momento de «crecimiento sostenido» en el que las agencias inmobiliarias ya participan en la intermediación del 70% de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, detectándose denuncias que apuntan a una «posible existencia de una bolsa de fraude» en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.

Así, desde el Ministerio han detallado que este fraude sería consencuencia de la utilización de «dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas» o de «cantidades irregulares como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda», además de cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a la vivienda.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar «signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas», ante la sospecha de que las ventas ocultas se estén materializando en incrementos patrimoniales en los mismos.

De esta manera, mediante las acciones desarrolladas de forma simultánea en los locales seleccionados, Hacienda ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en los sistemas informáticos de procesamiento de la información).