La jueza del caso Adamuz exige a los peritos una nueva propuesta económica sin provisión de fondos

La administración andaluza advierte de que la normativa vigente no permite anticipos y garantiza que el pago se efectuará tras la entrega de los informes periciales

La jueza de Montoro que instruye el caso del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero con un balance de 46 fallecidos, ha requerido a los peritos judiciales que rectifiquen su propuesta económica. La magistrada ha solicitado que se excluya expresamente cualquier petición de provisión de fondos, tras detectar que la oferta inicial incluía adelantos que no se ajustan al marco legal de Andalucía.

La intervención se produce después de que la delegación territorial de Justicia de la Junta de Andalucía señalara que, aunque el presupuesto de gastos es admisible, «no cabría la provisión de fondos solicitada en la propuesta económica». Los peritos habían solicitado un anticipo del 30% de sus honorarios y el 50% de sus gastos, argumentando que el procedimiento sería prolongado y el pago de las costas dependería de una futura sentencia.

Ante este planteamiento, la Junta ha aclarado que la normativa regional, específicamente el Decreto 4/2018, estipula que la administración «abonará el importe de los informes periciales y de las traducciones e interpretaciones a las entidades adjudicatarias de los contratos y a los profesionales privados a la conclusión de los trabajos». Por lo tanto, el pago no depende de la resolución del juicio, sino de la entrega y certificación del servicio.

La delegación territorial subrayó en su escrito que «no es preciso esperar a que se dicte una sentencia que incluya pronunciamiento sobre las costas» para tramitar los abonos. Una vez realizado el trabajo y validado por el órgano judicial correspondiente, la administración regional procederá a ordenar el pago de los costes aprobados, disipando así las dudas de los expertos sobre la liquidez del proceso.

Finalmente, el proceso avanza también en otros frentes, ya que la Fiscalía de Córdoba ha ratificado su rechazo a la recusación de dos de los peritos designados. Tanto el Ministerio Público como el juzgado han coincidido en que no existen «incompatibilidades» que cuestionen la imparcialidad de los profesionales, permitiendo que la investigación sobre la tragedia ferroviaria continúe su curso habitual.