Un juez autoriza a la UCO investigar las cuentas del novio de Ayuso desde 2014

Por el momento, el magistrado ha considerado prioritario examinar la información financiera antes de ampliar las pesquisas a otros ámbitos como los datos tributarios o laborales

La investigación judicial que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suma un nuevo capítulo. Un juzgado madrileño ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria relacionada con él y con varias sociedades vinculadas a su entorno empresarial. La medida se enmarca dentro de una pieza separada abierta para analizar posibles irregularidades mercantiles y societarias que están siendo objeto de investigación.

La decisión judicial permite a los investigadores examinar movimientos y saldos bancarios correspondientes a un amplio periodo temporal, que abarca desde el año 2014 hasta la actualidad. El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial de los investigados y determinar si existen operaciones económicas que puedan resultar relevantes para el procedimiento en curso. La autorización llega después de que instancias superiores respaldaran la continuidad de esta línea de investigación frente a los recursos presentados por la defensa.

El foco se sitúa en varias operaciones empresariales

Uno de los aspectos que centra la atención de los investigadores es la adquisición de una sociedad mercantil realizada hace varios años por una empresa vinculada a González Amador. La Justicia trata de esclarecer si determinadas operaciones tuvieron una finalidad exclusivamente empresarial o si podrían esconder otros intereses que requieran un análisis más profundo.

Por el momento, el magistrado ha considerado prioritario examinar la información financiera antes de ampliar las pesquisas a otros ámbitos como los datos tributarios o laborales. Según la resolución judicial, esta medida resulta necesaria para conocer con detalle el origen de determinados movimientos económicos y comprobar si existe alguna relación entre el patrimonio de los investigados y los hechos que se analizan.

La investigación continúa en una fase preliminar y no implica la existencia de conclusiones definitivas. De hecho, el propio procedimiento se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia. No obstante, la autorización concedida a la Guardia Civil supone un paso relevante para recopilar información y avanzar en el esclarecimiento de unas operaciones que siguen bajo el foco de la Justicia. Mientras tanto, el caso continúa generando un notable interés político y mediático debido a la relevancia pública de las personas implicadas.