El sindicato Manos Limpias ha movido ficha tras el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Leire Díez acordado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En un durísimo escrito fechado este 1 de junio de 2026, al que ha tenido acceso este medio, el secretario general de la organización, Miguel Bernad, ha solicitado formalmente al magistrado que dicte una exposición razonada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se investigue penalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El sindicato sostiene que existen «indicios sólidos de criminalidad» que apuntan a que el jefe del Ejecutivo es el presunto inductor de una trama —bautizada en el texto como las «cloacas de Moncloa»— cuyo objetivo primordial habría sido «desestabilizar» y «desactivar» por vías ilícitas las causas judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.
El documento de Manos Limpias sitúa el punto de inflexión en abril de 2024. Tras la incoación de diligencias previas contra Begoña Gómez por parte del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid —a raíz de una denuncia del propio sindicato— y el posterior periodo de reflexión de Sánchez plasmado en su «Carta a la ciudadanía», se habría activado la maquinaria de respuesta.
Según se desprende de las intervenciones telefónicas y correos electrónicos reflejados en los autos del juez Pedraz, a finales de ese mes se produjo una reunión clave en la sede socialista de Ferraz capitaneada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En esas mismas fechas, la exmilitante Leire Díez alertaba en sus comunicaciones: «Me voy a Madrid de urgencia, tenemos información que ayudará al presidente». Para la acusación, este es el inicio de un plan coordinado donde la prioridad absoluta era «salvar» al entorno familiar del mandatario.
El escrito detalla cómo supuestamente se ejecutaron las órdenes de interferencia judicial. Tras la imputación formal de Begoña Gómez, los mensajes interceptados a Leire Díez revelan consignas directas como «Limpieza», «Dolcet, limpieza sin límite» o «QUE SE LIMPIE TODO», bajo la sospecha de que el propio Sánchez (al que las comunicaciones internas presuntamente se refieren bajo el alias del «ONE») estaba al tanto de las maniobras.
Manos Limpias denuncia que esta presunta «banda» no solo orquestó campañas de injurias y promovió querellas contra el juez Juan Carlos Peinado y la jueza Beatriz Biedma, instructores de los casos de Gómez y David Sánchez respectivamente, sino que también puso en su punto de mira a la propia acusación popular.
El sindicato argumenta su legitimidad para personarse y exigir responsabilidades al desvelar que el ordenador de la organización fue presuntamente hackeado. De hecho, confirman que en el archivo central incautado por la Guardia Civil a Leire Díez se halló una carpeta específica titulada «Correos de Manos Limpias» , lo que a su juicio demuestra que fueron víctimas directas de espionaje informático y persecución institucional.
Para fundamentar la petición de que la causa sea elevada al Tribunal Supremo —dada la condición de aforado del Presidente—, Miguel Bernad recurre al artículo 28.2 del Código Penal, relativo a la figura de la inducción.
El sindicato concluye afirmando que «el más mínimo sentido común» conduce de manera «inequívoca, incontestable y descarada» a que el promotor de esta supuesta red de injerencia judicial es Pedro Sánchez, por lo que instan al juzgado de la Audiencia Nacional a que decline la competencia en favor del Alto Tribunal de forma inmediata.