La metástasis de la justicia zuliana: ¿Persisten las raíces y el riesgo de proliferación?

“La verdad es el pilar que sostiene la dignidad de un pueblo. El ejercicio de la justicia no admite opacidad ni silencio; quien ejerce la rectitud no teme a la luz, pues su única lealtad es con la justicia divina y el servicio al ciudadano.” – Monseñor Roberto Lückert León, Arzobispo Emérito de Coro.

La exigencia de transparencia en los espacios del Palacio de Justicia de Maracaibo nace de una necesidad profesional ineludible. La crítica ciudadana, formulada desde la academia y el respeto, no persigue la confrontación, sino la vigilancia de un servicio público esencial para la convivencia. Ante este escenario, surge una interrogante ineludible: ¿quiénes siguen resistiéndose a la quimioterapia? La historia jurídica demuestra que el escrutinio de los procedimientos es el mecanismo fundamental para garantizar la integridad del sistema.»

Como abogados, auxiliares de justicia según el artículo 253 de nuestra Carta Magna, ejercemos la contraloría social consagrada en el artículo 62. Este derecho, amparado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios de la UNESCO sobre la libertad de expresión, permite al litigante señalar las desviaciones procesales con rectitud. Lejos de ser un acto de rebeldía, esta labor es una garantía de legitimidad necesaria para el correcto funcionamiento de la justicia.

Los hechos acontecidos en el sistema judicial venezolano durante el periodo 2023-2026, derivados de la «Operación Especial Anticorrupción», constituyen un referente ineludible de nuestra realidad institucional. La aprehensión e imputación de jueces rectores, presidentes de circuitos judiciales, jueces de control y fiscales en el estado Zulia y otras regiones, confirmaron la existencia de redes de impunidad operando desde las estructuras de poder. La recurrencia de estos señalamientos y la persistencia de las condiciones que motivaron tales acciones nos obligan a concluir que el problema no ha sido superado; por el contrario, la realidad parece haberse enquistado como un mal sistémico que exige, hoy más que nunca, un escrutinio permanente.

Esta dinámica de monitoreo no es aislada. El caso «Lava Jato» en Brasil, iniciado en 2014, demostró que el desmantelamiento de redes de impunidad es posible mediante la tenacidad de los operadores de justicia y una opinión pública informada. En dicho escenario, la transparencia permitió que la crítica funcionara como un aliado estratégico para la recuperación de la confianza en las instituciones.

Es imperativo que el sistema judicial comprenda que la fiscalización es la medicina necesaria para corregir deficiencias sistémicas. Continuaremos expresando nuestras consideraciones con la altura académica que nos caracteriza, convencidos de que el monitoreo de la justicia es una obligación para alcanzar un sistema garante de la libertad y el derecho.

El presente texto constituye un análisis doctrinario basado en hechos reales, diseñado para exponer, mediante la crítica, situaciones que afectan la praxis judicial. El contenido se ampara estrictamente en el derecho fundamental a la libertad de expresión, opinión e información, consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución, así como en los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este escrito ejerce la contraloría social, actividad legítima y protegida frente a la censura, con el propósito de fomentar el debate académico y contribuir a la transparencia mediante la crítica constructiva.

“Nuestro compromiso no es con las estructuras de poder, sino con la gente que espera honestidad y luz. Construir un sistema justo es una obra cotidiana; el que siembra honestidad, cosecha la paz de un pueblo que camina con la frente en alto.” – Monseñor Luis Guillermo Vílchez Soto, insigne párroco de San Francisco.

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario