Todas las causas judiciales que cercan al entorno de Pedro Sánchez: desde su familia hasta los principales dirigentes del PSOE

Aunque el presidente no está imputado ni figura como investigado en ninguno de los procedimientos abiertos, su contexto político y judicial lo sitúa, indirectamente, en varias investigaciones

El nombre de Pedro Sánchez ha sido mencionado en distintos informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, principalmente en conversaciones, mensajes y referencias relacionadas con su papel al frente del PSOE y del Gobierno. No obstante, hasta ahora, ninguna de las investigaciones abiertas le atribuye la comisión de delitos ni le sitúa formalmente como investigado.

El escenario político y judicial que rodea al presidente del Gobierno está marcado por varias causas que afectan a personas de su entorno más próximo, tanto en el ámbito familiar como dentro de la estructura del PSOE y del Ejecutivo. Aunque Sánchez no figura en ninguna de estas investigaciones, su posición institucional y la relación con algunos de los implicados han situado su figura en el centro del debate político.

Su esposa, Begoña Gómez

La esposa del presidente es objeto de una instrucción dirigida por el magistrado Juan Carlos Peinado por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La investigación penal analiza si existió un uso de su posición personal para favorecer a mercantiles privadas con las que compartía vínculos profesionales.

En el marco de estas pesquisas, Pedro Sánchez compareció en calidad de testigo en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio de 2024. Tras la apertura de la causa, el presidente publicó una carta dirigida a la ciudadanía calificando el proceso como «una estrategia de acoso», decretó cinco días de interrupción en su agenda institucional para reflexionar y ha defendido públicamente la honestidad profesional de Gómez.

Su hermano, David Sánchez

El hermano del jefe del Ejecutivo se encuentra investigado por presuntas irregularidades en su contratación laboral como coordinador de actividades musicales en la Diputación de Badajoz. El juzgado de instrucción intenta determinar si el puesto fue diseñado específicamente para él y si existieron anomalías en el procedimiento administrativo.

El juicio oral por esta causa ha dado comienzo este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz. Pedro Sánchez no figura como investigado ni implicado directo en las diligencias, y defendió la inocencia de su hermano y de su esposa en una declaración pública realizada desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

‘Caso mascarillas’

Este procedimiento penal investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de la covid-19. Los principales procesados en la causa son el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, a quienes se les atribuyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y uso de información privilegiada.

En sede judicial, Aldama declaró que el presidente se encontraba en el nivel superior de la supuesta organización. Tras las detenciones iniciales, el presidente manifestó el reproche oficial del Ejecutivo y modificó su postura pública respecto a Ábalos, desmarcándose de su figura frente a las declaraciones de aprecio emitidas en el año 2020.

‘Caso Plus Ultra’

Esta línea de investigación se centra en la legalidad del rescate público de 53 millones de euros concedido por el Consejo de Ministros a la aerolínea Plus Ultra durante la crisis sanitaria, analizando posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Las pesquisas judiciales, instruidas por el magistrado José Luis Calama, sitúan el foco en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta intermediación en la ayuda a cambio de pagos canalizados a través del empresario Julio Martínez Martínez.

El juzgado ha ordenado el bloqueo preventivo de 490.000 euros en cuentas vinculadas y ha citado a declarar a Zapatero como investigado los días 17 y 18 de junio. Pedro Sánchez ha manifestado públicamente su apoyo al expresidente y el compromiso de colaboración del partido con la justicia.

‘Caso Obras Públicas’

Considerada una pieza derivada del caso Koldo, esta instrucción judicial analiza presuntos amaños en la adjudicación de contratos de infraestructuras públicas licitados durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Las indagaciones de la UCO señalan la existencia de una red de comisiones que vincula a constructoras privadas y que motivó la inclusión en los informes policiales de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y figura clave en la dirección del partido.

Tras conocerse los datos del informe de los agentes y producirse la dimisión de Cerdán, Pedro Sánchez retiró el aval público que le había otorgado inicialmente, declarando que la dirección no debió depositar su confianza en él.

Trama Leire Díez

Se trata de la instrucción más reciente, en la que el magistrado a cargo ordenó un requerimiento de información sobre presunta financiación irregular, lo que conllevó el despliegue de agentes de la UCO en la sede central del PSOE en la calle Ferraz. El auto judicial vincula el origen de los hechos con el periodo de cinco días de reflexión tomado por Sánchez en abril de 2024 tras la imputación de su esposa.

Según el documento del juzgado, en esas fechas se produjeron reuniones entre Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, Juan Manuel Serrano y el empresario Javier Pérez Dolset. Entre los indicios figura un mensaje de Díez al expresidente de la SEPI Vicente Fernández afirmando disponer de información para «ayudar al presidente». La causa analiza si existió una estrategia coordinada por parte de la militante investigada para interferir en las actuaciones de jueces, fiscales y agentes policiales.

Fiscal General del Estado

Álvaro García Ortiz, cuyo nombramiento para el cargo de Fiscal General del Estado fue promovido por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, fue objeto de un procedimiento en el Tribunal Supremo que concluyó con su condena e inhabilitación por un delito de revelación de secretos debido a la difusión de datos confidenciales.

Desde el inicio de las pesquisas, el presidente del Gobierno defendió públicamente la inocencia de García Ortiz. Tras la publicación del fallo condenatorio, el jefe del Ejecutivo declaró que, si bien el Gobierno acata las resoluciones del alto tribunal, mantiene su discrepancia con el criterio aplicado en la sentencia.