La nueva normativa que permitirá compatibilizar de forma más flexible la pensión de jubilación con una actividad laboral comenzará a aplicarse el próximo 28 de agosto. La medida, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), forma parte de la reforma del sistema de pensiones acordada entre el Gobierno, sindicatos y empresarios para facilitar una transición más gradual entre la vida laboral y la jubilación.
Uno de los cambios más importantes es que esta modalidad de jubilación flexible también estará abierta a los trabajadores autónomos, algo que hasta ahora no estaba permitido. De esta manera, quienes ya estén cobrando una pensión contributiva podrán volver a trabajar parcialmente sin perder totalmente la prestación.
La reforma elimina además la obligación de esperar un tiempo mínimo desde la jubilación para poder acogerse a este sistema. Los pensionistas podrán solicitarlo en cualquier momento una vez reconocida oficialmente la pensión.
En el caso de quienes trabajen por cuenta ajena, el porcentaje de jornada permitido será más amplio que hasta ahora, pudiendo llegar hasta el 80% de la jornada laboral.
La nueva regulación también introduce mejoras económicas para quienes decidan mantenerse activos laboralmente después de jubilarse. Según la intensidad de la jornada parcial, algunos pensionistas podrán recibir incrementos adicionales sobre la cuantía de su pensión.
Por ejemplo, quienes trabajen entre un 55% y un 80% de jornada podrán obtener un complemento del 25% adicional en su prestación, mientras que las jornadas inferiores también contarán con incentivos económicos específicos.
En el caso de los autónomos, se permitirá seguir desarrollando una actividad profesional mientras se percibe hasta un 25% de la pensión. Además, durante todo este periodo, el jubilado mantendrá sus derechos sanitarios y de protección social.
El Gobierno considera que esta reforma ayudará a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y favorecerá que más trabajadores decidan prolongar su carrera profesional. De hecho, en los últimos años ha aumentado notablemente el número de personas que retrasan voluntariamente su jubilación, mientras disminuyen las jubilaciones anticipadas.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca adaptar el sistema de pensiones a una población cada vez más envejecida y a un mercado laboral donde muchos profesionales desean seguir activos más allá de la edad ordinaria de retiro.