La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juez instructor en el que analiza distintos contratos relacionados con la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Según los investigadores, algunos de esos acuerdos se habrían realizado fuera de los procedimientos establecidos por la normativa pública y con posibles irregularidades administrativas.
El informe señala especialmente la contratación de servicios vinculados al desarrollo de una plataforma financiada por la universidad. Los agentes destacan que la Complutense, como institución pública, debe regirse por la Ley de Contratos del Sector Público, algo que consideran clave para evaluar el proceso seguido en estas adjudicaciones.
Entre las empresas analizadas aparecen Making Science Group y Deloitte Consulting. En el caso de la primera, la UCO sostiene que se prestó un servicio valorado en 20.000 euros sin que existiera un expediente administrativo formal previo. Aun así, el pago terminó realizándose para evitar un perjuicio económico injustificado a la universidad tras haberse completado el trabajo.
Respecto a Deloitte Consulting, los investigadores consideran que algunos expedientes pudieron elaborarse únicamente para dar apariencia de legalidad a contrataciones ya decididas previamente. El informe también apunta a que ciertas funciones habrían comenzado antes incluso de la adjudicación oficial de los contratos.
Además, la UCO sospecha que las condiciones exigidas en los procesos de contratación pudieron ajustarse de manera concreta a las características de la consultora, limitando así la competencia de otras empresas interesadas. Los agentes hablan incluso de posibles ofertas simuladas o procesos que habrían reducido la concurrencia.
A pesar de ello, el informe también recoge que los movimientos bancarios analizados relacionados con Begoña Gómez se corresponden con actividades profesionales conocidas y no detecta incompatibilidades evidentes en esos ingresos. Mientras continúa la investigación judicial, el caso sigue generando una importante atención política y mediática en España.