El Supremo deja visto para sentencia el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, tras más de un mes de declaraciones

El juicio concluye tras más de un mes de declaraciones, acusaciones cruzadas y más de 70 testigos sobre presuntas comisiones ilegales, contratos de mascarillas y pagos vinculados al entorno de Transportes.

El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el juicio del llamado ‘caso Koldo’, en el que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se enfrentan a peticiones de cárcel por su presunta implicación en una trama de comisiones y adjudicaciones irregulares vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia.

Tras 14 sesiones celebradas durante más de un mes y más de 70 testigos, la Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta deberá decidir ahora si existió una organización criminal en torno al Ministerio de Transportes y si los acusados se beneficiaron económicamente de contratos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada. Para Aldama reclama siete años de cárcel, aunque aprecia la atenuante de confesión.

Durante el juicio, uno de los principales debates ha girado en torno a la supuesta estructura de la trama y al papel de cada acusado. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostuvo que existió una “verdadera organización criminal” y señaló a Ábalos como figura principal dentro del entramado, aunque descartó cualquier implicación del presidente del Gobierno.

Las defensas, por el contrario, negaron la existencia de dicha organización y rechazaron que hubiera pruebas directas de pagos ilícitos o amaño de contratos.

Otro de los ejes del proceso ha sido el presunto reparto de dinero procedente de adjudicaciones públicas. Aldama aseguró en sede judicial que entregaba 10.000 euros mensuales a Ábalos y Koldo procedentes de contratos de obra pública y licitaciones. Ambos lo negaron de forma tajante y defendieron que no existe rastro económico que pruebe esas entregas.

La contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas también ha ocupado buena parte de las sesiones. Según la acusación, el exministro maniobró para facilitar su incorporación a Ineco y Tragsatec, mientras que Ábalos defendió que se trató de contratos temporales sin irregularidades.

En relación con la compra de mascarillas, el juicio ha analizado especialmente el aumento de un pedido de cuatro a ocho millones de unidades adjudicado a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama. Funcionarios y auditores ofrecieron versiones diferentes sobre cómo se tomó aquella decisión durante los peores meses de la pandemia.

Concluidas las declaraciones y los informes finales, el Supremo deberá dictar ahora sentencia en una de las causas judiciales con mayor impacto político de los últimos años.