El ‘caso Koldo’ queda visto para sentencia: Anticorrupción sitúa a Ábalos a la cabeza

Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá decidir si los indicios presentados son suficientes para derribar la presunción de inocencia de los acusados

Tras 14 intensas sesiones y el testimonio de más de setenta personas, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha puesto el punto final a la vista oral del caso Koldo. El juicio, que investiga el presunto amaño de contratos de mascarillas durante los meses más crudos de la pandemia, se cierra con dos posturas irreconciliables. Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción, que ve probada una estructura delictiva incrustada en el Estado; por otro, las defensas, que claman por la absolución alegando una absoluta falta de pruebas de cargo.

El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha sido tajante en su alegato final al describir los hechos no como errores administrativos, sino como una «verdadera organización criminal». Según el Ministerio Público, esta red operó con impunidad en la cúpula del Ministerio de Transportes, aprovechando el poder público para lucrarse. En este esquema, José Luis Ábalos es situado en una posición determinante como facilitador de las decisiones clave, flanqueado por el papel operativo de Koldo García y la intermediación económica del empresario Víctor de Aldama.

La acusación sostiene que la actividad delictiva incluyó cohecho, tráfico de influencias e integración en grupo criminal, apoyándose en lo que califican como una prueba «abundantísima». Entre los indicios destacan pagos periódicos y adjudicaciones irregulares que habrían beneficiado a intereses privados. Sin embargo, Ábalos aprovechó su turno de última palabra para contraatacar, denunciando haber sufrido una «presunción de culpabilidad» y criticando una exposición mediática que, a su juicio, ha viciado el proceso y ha limitado su capacidad de defensa efectiva.

La colaboración de Aldama

En el banquillo, las versiones también han mostrado grietas. Mientras Koldo García negaba haber recibido mordidas y se presentaba como un trabajador sin patrimonio, las miradas se centraron en Víctor de Aldama. La Fiscalía reconoció que la colaboración de este último ha sido útil para desentrañar la trama, aunque advirtió de que no todas sus afirmaciones tienen respaldo documental. Pese a estas matizaciones, la petición de penas sigue siendo severa, alcanzando los 24 años de prisión para el exministro Ábalos ante la gravedad de los delitos imputados.

Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá decidir si los indicios presentados son suficientes para derribar la presunción de inocencia de los acusados. La sentencia no solo determinará el futuro personal de los implicados, sino que tendrá un impacto institucional profundo, validando o descartando la existencia de una red de corrupción en el corazón del Gobierno durante la crisis sanitaria. Mientras llega el veredicto, la sombra del caso Koldo continúa agitando el tablero político nacional.