Madrid, 12 de octubre de 2011: Manuel y yo en el Café Gijón a las diez de la mañana

La herencia del Café Gijón y el rescate de la voluntad probatoria

«La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre.» Miguel de Cervantes

Aún conservo en la memoria, con la nitidez que solo otorga la nostalgia generacional, aquella mañana del 12 de octubre de 2011 en el emblemático Gran Café Gijón de Madrid. Manolo —como siempre llamé en la confianza de nuestra amistad a Manuel Miranda Estrampes—, con esa elegancia intelectual que le caracterizó, tomábamos un café juntos a las diez de la mañana mientras observábamos el ajetreo del Paseo de Recoletos. Ambos, contemporáneos de vida y de toga, compartíamos una preocupación que hoy se ha tornado en tragedia nacional. «Crisanto», me dijo bajando la voz, «mi doctrina de la mínima actividad probatoria corre un peligro mortal: que los inquisidores del nuevo siglo la usen para justificar la nada probatoria«.

Manolo estaba profundamente orgulloso de su obra, pero lo habitaba un temor profético. Me explicaba que para abordar el asunto de la mínima prueba, primero hay que tener absoluta claridad sobre qué es, efectivamente, una prueba. «La prueba no es una abstracción caprichosa, Crisanto; tiene una corporeidad, una identificación y una estructura técnica», insistía. En ese punto, recurrió a la teoría de las cuatro causas de Aristóteles para desmenuzar la ontología del derecho probatorio. Me explicaba que una prueba requiere una causa material (el relato), una causa formal (los requisitos de verosimilitud), una causa eficiente (el debido proceso) y una causa final (la búsqueda de la verdad). Si falta una de estas dimensiones, el acto procesal es un engendro jurídico.

Él recalcaba que en la praxis actual se comete el error de otorgar categoría de prueba a lo que no la tiene. Es una aberración técnica tomar como prueba lo que apenas es un atisbo o una simple sospecha. Confundir un indicio vago con la corporeidad de una prueba es un error de categoría tan absurdo como pretender que un instrumento sea el objeto mismo. «Si el concepto de prueba está viciado desde su génesis», golpeaba Manolo suavemente la mesa, «el análisis de la mínima actividad probatoria nace muerto y el juez termina validando una peligrosa ficción que destruye vidas humanas».

Él fue tajante al señalar que para que la declaración de la víctima rompa la presunción de inocencia, deben concurrir requisitos científicos que hoy la jurisdicción de género ha echado al olvido: la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del relato y la persistencia en la incriminación. Si los jueces no comprenden primero la esencia de la prueba, seguirán llamando ‘justicia’ a lo que es solo una adhesión emocional. Sin rigor en la identificación probatoria, no hay derecho, sino una tergiversación demoníaca de la verdad.

Recuerdo vívidamente un correo electrónico que recibí de su cuenta institucional un 14 de mayo de 2012. Manolo me escribía al finalizar su jornada en España: «Amigo mío, leo con espanto cómo han malignizado mi doctrina por una mala interpretación de la filosofía que la inspiró. Se está usando mi nombre para validar procesos donde se ignora la génesis de mi pensamiento primario, que no es otro que garantizar que la libertad no sea sacrificada por una ideología». Ese correo, que llegó a mi bandeja de entrada mientras yo aún permanecía en mis labores de despacho en Maracaibo, es hoy, para mí, un testimonio epistolar inédito de resistencia ante la arbitrariedad judicial que hoy impera.

Mi respuesta, enviada con la urgencia que dictaba nuestra sintonía intelectual, intentaba consolar al jurista frente a la malignización de su legado. «Manolo», le escribí, «en Venezuela vemos el mismo desierto espiritual. La jurisdicción de género está creando un vacío donde la inocencia no tiene voz porque los operadores han decidido ignorar que tu doctrina exige una actividad probatoria real y científica, no una simple adhesión emocional a la declaración de la víctima«. Él me respondió con una sola frase que todavía resuena como un mazo: «Cuando el derecho pierde su compasión por la verdad, el hombre solo encuentra refugio en el suicidio«.

Es precisamente ese dolor espiritual y humano el que hoy se traduce en cifras alarmantes de suicidios en las cárceles. No es el encierro lo que aniquila a estos hombres, sino la transformación mental producto de saberse inocentes en un sistema sordo que los ha pre-juzgado basándose en un atisbo sin sustento. Nadie los escucha; nadie toma en cuenta que la denuncia carece de los requisitos de pulcritud que Manolo tanto defendió. La jurisdicción de género, en su aplicación errada, ha creado una ergástula ideológica donde el hombre entra ya condenado por el estigma social.

La sociedad parece preferir que estos hombres opten por el suicidio antes que meterle la lupa a esa malignización de la doctrina. En aquel café de Madrid, Miranda Estrampes preveía este desastre: «Si permitimos que la palabra sea el único mazo del juez, habremos vuelto a la ordalía medieval«. Hoy, sus palabras son el réquiem de aquellos que, cansados de gritar una inocencia ignorada, eligen el final trágico. Es una cobardía colectiva que prefiere sostener una praxis viciada antes que admitir que se está asesinando la justicia en el altar de la corrección política.

Resulta inaceptable que se ignore el vacío espiritual de quienes, viéndose atrapados en una red de mentiras procesales, no encuentran otra salida que quitarse la vida. Manolo y yo hablábamos de la hidalguía del derecho, de esa nobleza que obliga al juez a buscar la verdad incluso cuando es impopular. Sin embargo, lo que vemos hoy es un abandono total del hombre frente a una maquinaria que ha decidido que su culpabilidad es una cuestión de política pública y no de hechos probados. Esta desesperación espiritual es el motor de la tragedia que hoy denunciamos.

Urge rescatar el pensamiento original de mi amigo y contemporáneo de las garras de quienes lo han pervertido. Manolo Miranda Estrampes no escribió para llenar las cárceles de hombres rotos, sino para asegurar que ninguna condena fuera fruto del azar o del odio ideológico. La mínima prueba no es una prueba pequeña o débil; es una prueba que debe ser gigante en su rigor y pulcritud. Aquellos que hoy fusilan su nombre para justificar procesos viciados basados en una sospecha son los mismos que han creado este desierto espiritual donde el debido proceso ha muerto.

Nuestra correspondencia es el testimonio de que la verdad siempre tiene un defensor, incluso más allá de la vida. Manolo murió en 2014, pero su temor sigue vivo en cada celda donde un hombre inocente no encuentra razones para ver el amanecer. Esta columna es un favor a la humanidad, un intento de rescatar el espíritu de un hombre que jamás quiso que su inteligencia fuera usada para causar daño. La justicia debe volver a ser ese diálogo honesto entre pruebas y hechos, y no este monólogo de sombras y rencores que hoy nos avergüenza a todos los que vestimos la toga.

Finalmente, este artículo es un homenaje a la memoria de Manolo y un grito de auxilio por los que aún quedan. No podemos permitir que el derecho penal siga siendo el verdugo de la voluntad humana por culpa de interpretaciones retorcidas que han malignizado una obra loable. La inocencia es un derecho sagrado, y quienes la pisotean cargan sobre sus hombros el peso de cada vida que se apaga en la prisión. Es hora de que los togados recuperen la dignidad que Manolo Miranda Estrampes les exigía en cada una de nuestras conversaciones privadas.

A la justicia no la detiene nadie; a la injusticia la detiene el suicidio del inocente.

Unamuno

Aclaratoria necesaria: El presente artículo rescata anécdotas, vivencias y correspondencia privada entre el autor y el Doctor Manuel Miranda Estrampes. Se publica como una contribución académica y humanista para ilustrar, desde la cercanía de una amistad generacional, los vicios procesales y las interpretaciones erradas que hoy desvirtúan la ciencia jurídica, con el fin de exhortar a una praxis judicial apegada a la verdad.

Moral: La verdadera amistad jurídica consiste en defender la intención del autor contra la perversión de sus intérpretes; cuando la ley mata el espíritu por una mala lectura, la hidalguía debe rescatar la verdad para evitar la muerte.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario