La Guardia Civil propone que se agraven las penas para los conductores que huyan de los controles policiales

La asociación APROGC plantea reformar el Código Penal para crear un delito específico que sancione las evasiones deliberadas y acabe con la actual «sensación de impunidad»

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha dado un paso firme para endurecer las consecuencias legales de eludir un control policial. La organización ha remitido una propuesta formal a todos los Grupos Parlamentarios para modificar el Código Penal, solicitando que la desobediencia voluntaria ante un requerimiento de detención deje de ser una infracción ambigua y se convierta en un delito autónomo. La iniciativa busca que cualquier conductor que desatienda un alto mediante una maniobra de evasión sea castigado con multas de hasta 12 meses y la retirada del carné de conducir.

El colectivo policial argumenta que el marco jurídico actual es «insuficiente, fragmentario y en ocasiones ineficaz». Actualmente, las huidas deben reconducirse de forma forzada hacia delitos de desobediencia, conducción temeraria o atentado contra la autoridad, lo que genera una brecha legal que los delincuentes aprovechan. Según la exposición de motivos de APROGC, este vacío normativo está provocando un incremento de estas conductas, debilitando la función preventiva de los agentes y fomentando una peligrosa percepción de impunidad en las carreteras.

Para los casos más graves, la propuesta contempla un tipo agravado con penas de prisión de seis meses a dos años. Esta sanción se aplicaría cuando la huida genere un «riesgo concreto y objetivamente verificable para la vida o integridad de las personas» o cuando se ignoren las señales de tráfico de forma reiterada. Además, la asociación deja claro que, si la maniobra resulta en lesiones o fallecimientos, estas se sancionarán de forma independiente, garantizando que el castigo sea proporcional a la gravedad de los hechos.

Desde APROGC se subraya que la huida de un control no es solo una falta administrativa, sino que constituye una «quiebra directa del principio de autoridad». Los agentes advierten de que estas maniobras suelen ser el preámbulo o indicio de otras actividades criminales de mayor calado, como el tráfico de drogas o la delincuencia itinerante. Al eludir la vigilancia, el conductor no solo pone en peligro a los guardias civiles y a otros usuarios de la vía, sino que intenta ocultar delitos subyacentes que el sistema debe poder perseguir con mayor rigor.

Finalmente, la propuesta dirigida a los legisladores enfatiza que la seguridad vial es un pilar de la seguridad pública que requiere herramientas jurídicas actualizadas. Con esta reforma, se pretende que la ley actúe como un verdadero elemento disuasorio, eliminando las dudas legales que surgen cuando un conductor decide «darse a la fuga». La asociación espera ahora que los partidos políticos recojan el guante y tramiten una modificación que consideran esencial para la protección de los agentes y de la ciudadanía en general.