El acceso a la vivienda amenazan con "erosionar el bienestar social"

Un informe pone de manifiesto que ocho de cada diez ciudadanos perciben una desigualdad creciente, impulsada por un mercado de vivienda «dramático» y una inflación que ya impide vivir con dignidad al 30% de la población

El VII Informe sobre la desigualdad en España 2026 dibuja un panorama sombrío donde el bienestar social se desmorona bajo el peso de «brechas estructurales» que parecen haberse vuelto parte del paisaje. Las organizaciones impulsoras advierten de que casi el 80% de los españoles percibe un país profundamente desigual, afectando con especial saña a mujeres, jóvenes y personas racializadas. Como señala la socióloga Olga Salido, la desigualdad no es un estado estático, sino un proceso alimentado por fallos en el mercado laboral y un diseño institucional que, hoy por hoy, parece estar perdiendo la batalla.

La inflación se ha revelado como un gran «intensificador» de la pobreza, golpeando con mayor fuerza a quienes dedican casi toda su renta a lo básico: comer y calentar la casa. El informe subraya que los salarios y pensiones han quedado muy por detrás de los precios, erosionando el poder adquisitivo de forma drástica y regresiva. De hecho, resulta alarmante que el 30% de los encuestados confiese que sus ingresos actuales no le permiten llevar una vida digna, una cifra que ha crecido casi tres puntos en apenas un año y que confirma que tener un empleo ya no es un escudo infalible contra la precariedad.

El mercado de la vivienda se describe directamente como un escenario «dramático» y la principal fuente de injusticia en el país. El estudio denuncia el agotamiento de la Generación del Alquiler, un modelo donde el bienestar de los propietarios se sustenta en la «extracción de rentas» de unos inquilinos que, en un 73,6%, declaran sufrir un fuerte malestar por esta crisis. Para frenar esta sangría, se reclama un Pacto de Estado que desmantele un entramado donde el derecho a habitar se ha convertido en una «infraestructura de explotación», exigiendo la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda en todo el territorio.

Problemas en el sistema sanitario

En el ámbito sanitario, el diagnóstico apunta a una pérdida de equidad que pone en riesgo la cobertura universal del Sistema Nacional de Salud. La propuesta para «sanar» la sanidad pública pasa por garantizar citas en Atención Primaria en un máximo de 78 horas y una transparencia total en internet sobre las listas de espera y recursos disponibles. Los autores insisten en que es vital ofrecer datos abiertos sobre quirófanos y personal para evitar que el sistema se vuelva opaco frente a las necesidades urgentes de la ciudadanía.

La educación sigue siendo una asignatura pendiente, lastrada por tasas de abandono escolar y segregación que perpetúan la desigualdad desde la cuna. El informe considera «indispensable» combatir los mecanismos de segregación en centros concertados —especialmente las cuotas impuestas a las familias— y acelerar la creación de plazas públicas gratuitas para el primer ciclo infantil. Sin políticas que reduzcan la repetición y la falta de titulación, el ascensor social español seguirá averiado, dejando atrás a quienes más necesitan de la formación para prosperar.

Como receta final, las entidades proponen la fiscalidad como la herramienta imprescindible para suturar estas heridas sociales. Se urge a una reforma tributaria integral que dote al sistema de mayor progresividad, poniendo el foco en las grandes fortunas, la riqueza y la lucha contra las guaridas fiscales. Solo mediante una arquitectura impositiva que recaude de forma justa y se adapte a las circunstancias de los perfiles más vulnerables, como las familias monoparentales, se podrá garantizar que el sistema de protección deje de ser un colador de esperanzas y vuelva a ser una red de seguridad real.