El Ayuntamiento de Madrid ha roto finalmente el silencio tras un mes de dudas. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado en el Pleno de Cibeles que el consistorio presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta decisión busca revertir la anulación de la ordenanza de la tasa de basuras dictada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una medida que el Gobierno municipal ha tomado tras consultar con sus expertos legales.
Almeida ha justificado este movimiento basándose en el criterio de los expertos de la casa. Según ha explicado, la decisión responde a dos razones fundamentales: la defensa del honor profesional de los empleados públicos y la existencia de base legal. En sus propias palabras: «Vamos a hacer lo que nos dicen los servicios jurídicos (…) interpondremos recurso de casación porque hay motivos jurídicos para ello». Con esto, el regidor intenta cerrar la crisis abierta el pasado marzo, cuando el TSJM tumbó la tasa por un defecto de forma en su informe técnico-económico.
Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de tensión política. El concejal de Vox, Javier Ortega Smith, ha cargado contra el alcalde acusándole de utilizar una estrategia «dilatoria», similar a la que ya empleó con la Ordenanza de Movilidad. Ortega Smith ha recordado que su grupo ya avisó de que el recurso no tendría viabilidad, cuestionando si el Ayuntamiento simplemente está ganando tiempo en lugar de solucionar el problema de raíz para los madrileños.
Uno de los puntos que más escuece a los ciudadanos es qué pasará con el dinero ya pagado. En este sentido, Almeida ha sido bastante tajante y ha enfriado cualquier esperanza de un reembolso generalizado. Ha aclarado que la ley es muy estricta con las disposiciones firmes: «No cabe la devolución a todas aquellas situaciones que son firmes ya en vía administrativa y que no han sido recurridas». Es decir, que quien no impugnara su recibo en su momento, difícilmente verá el dinero de vuelta.
Por otro lado, el equipo de Gobierno ha querido sacudirse la responsabilidad política de haber implantado este tributo. La delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha insistido en que al PP no le gusta este impuesto, pero que se han visto entre la espada y la pared por la normativa nacional. Hidalgo ha subrayado que la tasa se ha aplicado porque les «ha obligado el gobierno de Pedro Sánchez», tratando de desviar el descontento ciudadano hacia la Moncloa.
Finalmente, el debate ha terminado en un cruce de reproches entre el PP y Vox. Hidalgo ha acusado a la formación de Ortega Smith de hipocresía, señalando que en todas las ciudades donde Vox gobierna o apoya al ejecutivo local, como Valencia o Valladolid, también se está cobrando la tasa de basuras. Así, el Ayuntamiento de Madrid se encomienda ahora al Tribunal Supremo para intentar validar una ordenanza que, de momento, sigue en el aire y bajo el fuego cruzado de la oposición.