La declaración de varios miembros de la familia Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional ha vuelto a situar el foco en el origen de la fortuna depositada en Andorra. En este contexto, las hijas del expresidente catalán han defendido con firmeza que esos fondos no estaban relacionados con su padre, sino que procedían de una herencia familiar gestionada al margen de él.
Durante su testimonio, Marta y Mireia Pujol explicaron que el dinero tenía su origen en el patrimonio de su abuelo, Florenci Pujol. Según su relato, se trataba de un legado que nunca formó parte de la herencia oficial, ya que no estaba declarado ante la Hacienda española. Este carácter “opaco”, tal y como lo definieron, explicaría por qué no figuraba en documentos legales ni en el testamento.
Las declaraciones coinciden en un punto clave: el expresidente no habría tenido conocimiento ni control sobre esos fondos. Según explicaron, su abuelo decidió dejar ese patrimonio directamente a sus nietos y a su nuera, sin implicar a su hijo. Esta decisión, según la familia, respondía a una combinación de circunstancias personales y a la visión que Florenci Pujol tenía sobre la dedicación política de su hijo.
El relato describe cómo ese dinero, inicialmente depositado en Andorra en forma de dólares, fue creciendo con el tiempo hasta alcanzar cifras mucho más elevadas. Años después, los hermanos recibieron su parte mediante la apertura de cuentas individuales en entidades bancarias del país, en un proceso que se prolongó durante varios años.
Los testigos han insistido en que el uso de estos fondos fue limitado y, en muchos casos, orientado al ahorro o inversiones conservadoras, sin que influyera en su vida cotidiana. También han negado de forma categórica que el dinero procediera de actividades ilícitas o que se utilizara para obtener beneficios indebidos.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es la naturaleza de esa opacidad. La familia ha reconocido que el dinero no estaba declarado, pero ha defendido que esta situación respondía a una práctica heredada y no a una estrategia para ocultar actividades ilegales. Aun así, este punto es precisamente uno de los ejes centrales del proceso judicial.
Con el paso del tiempo, y especialmente tras la exposición mediática del caso, los fondos fueron regularizados. Este proceso, según explicaron, se produjo en 2014, cuando la situación se hizo pública y se vieron obligados a declarar el dinero ante las autoridades fiscales. Este paso marcó un antes y un después en la gestión de ese patrimonio.
Además, los hermanos han rechazado cualquier intento de vincular sus trayectorias profesionales con influencias políticas o decisiones administrativas favorables. En sus declaraciones, han subrayado la importancia de diferenciar entre el origen familiar de los fondos y la actividad pública de su padre.