El juez del ‘caso ERE’ imputa a siete ex altos cargos por ayudas de 54,2 millones a Boliden Apirsa

Estas prestaciones tenían como objetivo compensar a los trabajadores tras la imposibilidad de recolocación, aunque el juez cuestiona la forma en que se gestionaron

La investigación judicial sobre el caso ERE suma un nuevo capítulo con la decisión del magistrado José Ignacio Vilaplana de continuar el procedimiento contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía. El foco se sitúa en unas ayudas públicas concedidas a la empresa Boliden Apirsa y a su colectivo de extrabajadores, cuyo importe supera los 54 millones de euros.

El juez ha considerado que existen indicios suficientes para seguir adelante con la causa por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Con esta decisión, se abre una nueva fase en el proceso, en la que la Fiscalía y las acusaciones deberán pronunciarse sobre la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

Una investigación centrada en ayudas millonarias bajo sospecha

El núcleo de la investigación gira en torno a la concesión de ayudas sociolaborales destinadas a extrabajadores de Boliden Apirsa tras un expediente de regulación de empleo. Según el auto judicial, estas subvenciones habrían sido otorgadas de forma “injusta y arbitraria”, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad del procedimiento seguido.

Entre las cantidades analizadas, destaca una partida superior a los 52 millones de euros destinada a financiar una póliza de seguro colectivo, así como otras ayudas adicionales que elevan el total a más de 54 millones. Estas prestaciones tenían como objetivo compensar a los trabajadores tras la imposibilidad de recolocación, aunque el juez cuestiona la forma en que se gestionaron.

La investigación también pone el foco en la actuación de diferentes departamentos de la administración autonómica, especialmente en la coordinación entre áreas responsables de empleo e innovación. El magistrado considera que podría haber existido una estructura administrativa irregular que facilitó la concesión de estas ayudas.

Decisiones judiciales y responsabilidades en el punto de mira

En esta fase del procedimiento, el juez ha decidido imputar a siete ex responsables públicos, entre ellos un exconsejero, varios exviceconsejeros y altos cargos relacionados con la gestión laboral y económica. Todos ellos deberán responder ante la justicia por su posible implicación en los hechos investigados.

Sin embargo, no todos los implicados iniciales continúan en la causa. El magistrado ha acordado el archivo provisional respecto a dos exconsejeros, al no encontrar indicios sólidos que permitan atribuirles una participación directa y relevante en las decisiones cuestionadas. Esta decisión refleja la complejidad del caso y la necesidad de diferenciar responsabilidades dentro de la estructura administrativa.

El auto judicial subraya que, aunque existen testimonios que apuntan a acuerdos internos para gestionar estas ayudas, no hay pruebas concluyentes de que los máximos responsables políticos tuvieran conocimiento directo de las irregularidades.

Este nuevo avance en el caso ERE pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión de fondos públicos y el papel de la justicia en la supervisión de las actuaciones administrativas. A medida que el proceso avanza, será clave determinar si las decisiones adoptadas respondieron a criterios legales o si, por el contrario, se produjeron irregularidades que deben ser sancionadas.