Tras dos meses de intensas negociaciones y al borde del plazo legal, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo definitivo para gobernar en coalición la Comunidad Autónoma de Aragón. Jorge Azcón repetirá como presidente en un Ejecutivo que integrará a la formación de Santiago Abascal con una Vicepresidencia y tres consejerías estratégicas: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medioambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.
El líder popular, Jorge Azcón, ha celebrado la solidez de esta alianza proyectando una legislatura de estabilidad absoluta. Según ha manifestado, su intención es aprobar cuatro presupuestos consecutivos y consolidar un proyecto a largo plazo: «Estamos seguros de que va a llegar hasta 2030», ha afirmado, destacando que el PP busca convertirse en la fuerza más longeva al frente del Gobierno aragonés con este modelo de coalición.
Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo es la implementación de la «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y servicios públicos. Ante las dudas sobre su encaje constitucional, Azcón ha garantizado que cualquier medida contará con el respaldo de los servicios jurídicos, precisando que se basará en criterios de «permanencia en la comunidad, el arraigo y el número de años que alguien lleve empadronado», requisitos que, según defiende, ya existen en otras prestaciones.
Por su parte, Alejandro Nolasco, quien asumirá la Vicepresidencia, se ha mostrado satisfecho por endurecer los criterios de acceso a la protección social. Aunque no ha aclarado si la nacionalidad española será un requisito explícito, ha insistido en que se pueden aplicar baremos mucho «más restrictivos» y que el pacto es la «respuesta natural» a los resultados electorales, pese a las dificultades que, según él, ha puesto la dirección nacional del PP.
El programa de gobierno, resumido en 13 puntos clave, replica gran parte del modelo pactado recientemente en Extremadura. Además del rechazo explícito a la inmigración ilegal y la lucha contra el «fraude» en el empadronamiento, el texto contempla la supresión de subvenciones a sindicatos y ONG, calificadas por Vox como «despilfarro», y una defensa cerrada del sector primario frente a las políticas regulatorias de Bruselas.
Finalmente, la coalición ha incluido medidas de corte social y económico como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la exención de tasas en la primera matrícula universitaria y un ambicioso plan de vivienda protegida. Con este pacto, el bloque de la derecha consolida su poder territorial en Aragón, sumándose a la reciente investidura de María Guardiola en Extremadura bajo una hoja de ruta política prácticamente idéntica.