PP y Vox llevan al Congreso la «prioridad nacional» pactada en Extremadura y piden vetar ayudas a migrantes irregulares

Los de Santiago Abascal proponen que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, prestaciones públicas y determinados servicios

Vox y PP defienden esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados la «prioridad nacional» que han pactado en el acuerdo autonómico en Extremadura y pedirán excluir de las ayudas a migrantes que se encuentren en situación irregular.

El debate girará entorno a la moción de Vox, que es consecuencia de la interpelación que dirigió el pasado miércoles su portavoz, Pepa Millán, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En la iniciativa original, los de Santiago Abascal piden garantizar la «prioridad nacional» y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles. Así, propone que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, prestaciones públicas y determinados servicios.

Además, instan a garantizar la «prioridad nacional» en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, «promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles».

Medidas restrictivas

En materia migratoria, la moción plantea medidas de carácter restrictivo, como la repatriación de todos los inmigrantes en situación irregular y el establecimiento de mecanismos para impedir procesos de regularización masiva.

En este sentido, el texto también apuesta por derogar el Real Decreto relativo al acceso a la sanidad pública de extranjeros sin residencia legal, y frenar lo que considera una regularización «masiva» de inmigrantes.

Asimismo, Vox plantea limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario público, restringiéndolo a supuestos de urgencia, emergencia o riesgo vital, y endurecer las condiciones para el acceso a la asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta no solo los ingresos en España, sino también el patrimonio en el país de origen. Además, propone excluir la asistencia jurídica gratuita en procedimientos relacionados con la expulsión del territorio nacional.