El Gobierno ha aclarado que la regularización extraordinaria de inmigrantes en marcha no será aplicable de forma general a la población reclusa extranjera. Solo podrán optar aquellos presos preventivos que no tengan condena firme ni antecedentes penales, descartando así a los internos ya condenados o con historial delictivo previo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió a las críticas de sindicatos policiales que acusaban al Ejecutivo de ignorar los antecedentes de los reclusos extranjeros. La polémica surgió tras una carta enviada a las prisiones en la que se informaba sobre el proceso de regularización, lo que generó inquietud sobre los criterios aplicados.
Marlaska fue tajante al asegurar que “ninguna persona con antecedentes penales va a ser regularizada”. En esa línea, explicó que los presos condenados cuentan con antecedentes, al igual que algunas personas en libertad, y que en ambos casos sus solicitudes serán rechazadas automáticamente.
El ministro precisó que únicamente los presos preventivos —aquellos que aún no han sido juzgados o esperan sentencia— podrán iniciar el proceso, siempre que no tengan antecedentes previos. Aun así, deberán superar un filtro clave: un informe policial favorable que certifique que no representan un riesgo para la seguridad pública.
“Van a ser sometidos a una valoración en términos de si suponen un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público”, explicó Marlaska, subrayando que dicho informe será “sustancial” para decidir si se concede la residencia.
El titular de Interior defendió que se trata de “un procedimiento muy garantista”, tanto para los solicitantes como para la sociedad. Además, destacó que en los primeros cinco días desde su puesta en marcha, el proceso ya ha recibido 60.656 solicitudes, lo que refleja la magnitud de la medida y el interés generado.