El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que regula la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. La normativa se publicará oficialmente este miércoles en el BOE y entrará en vigor de forma inmediata el jueves. Para gestionar este volumen de solicitudes, el Ejecutivo ha reforzado el sistema con 550 profesionales extra y ha habilitado una red de 450 oficinas repartidas por todo el territorio nacional, garantizando así una respuesta ágil a los miles de beneficiarios potenciales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado el calendario oficial para los interesados. La solicitud por vía telemática, recomendada como la opción más rápida, estará operativa desde este jueves 16 de abril durante las 24 horas del día. Por su parte, la atención presencial comenzará el lunes 20 de abril, aunque será estrictamente necesario contar con una cita previa que podrá solicitarse a partir del mismo jueves tanto por teléfono (060) como a través de la web ministerial.
El procedimiento cuenta con una infraestructura tecnológica centralizada mediante la plataforma Mercurio y la Unidad de Trabajo de Tramitación de Expedientes de Extranjería (ÚTEX). La ministra ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar el colapso de las oficinas, advirtiendo de que solo determinados centros y horarios específicos estarán habilitados para este trámite. Entre ellos se incluyen oficinas de la Seguridad Social y de Extranjería en horario de tarde, así como sucursales de Correos en grandes municipios.
Para acceder a esta regularización, los solicitantes deben acreditar su estancia en España desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en el país al menos cinco meses ininterrumpidos. Como requisito indispensable, los candidatos no deben poseer antecedentes penales ni representar una amenaza para la seguridad pública. La acreditación de la estancia podrá realizarse con cualquier documento público o privado que sea verificable, nominativo y fechado, siendo el empadronamiento una opción válida pero no obligatoria.
Los beneficiarios que cumplan con los requisitos obtendrán una autorización de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año, que incluirá número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria. Una vez finalizado este periodo, los ciudadanos podrán transicionar a las figuras habituales del Reglamento de Extranjería. El Gobierno defiende que esta medida busca la «integración plena» y responde a un escenario donde la realidad social ha superado a la burocracia actual.
Finalmente, Saiz ha subrayado la «triple legitimidad» —social, económica y política— de este proceso, recordando que cuenta con el aval del Consejo de Estado y el apoyo de una amplísima mayoría parlamentaria. La ministra ha vinculado el éxito de la migración con la sostenibilidad del país, citando informes que advierten que, sin el aporte migratorio, el PIB español podría desplomarse un 22% para el año 2075, afectando gravemente a sectores como la hostelería y los servicios públicos.