La nueva ley de Justicia reduce los casos y cambia el funcionamiento de los juzgados

Justicia asegura que baja la litigiosidad y los asuntos pendientes tras un año de reforma, aunque admite incidencias en su aplicación

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha hecho balance del primer año de aplicación de la conocida como Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, asegurando que ha contribuido a reducir la carga de trabajo en los juzgados y a aumentar la actividad judicial, aunque reconoce algunas incidencias puntuales en su implantación.

Según los datos aportados por el departamento que dirige Félix Bolaños, la reforma ha supuesto una disminución general de los procedimientos judiciales, un incremento de los juicios celebrados y, por primera vez en años, un descenso del volumen de asuntos pendientes.

La norma, en vigor desde hace un año, ha transformado la estructura tradicional de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, con el objetivo de centralizar la gestión y mejorar la coordinación. Además, ha reforzado la obligación de recurrir a los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de llegar a juicio.

El Ministerio sostiene que esta herramienta ha tenido un impacto directo en la reducción de la litigiosidad. En concreto, los asuntos civiles y mercantiles habrían caído en torno a un 20%, mientras que el conjunto de procedimientos en todas las jurisdicciones se habría reducido cerca de un 10%.

También destaca que el número de asuntos pendientes ha bajado ligeramente, algo que no ocurría de forma sostenida desde hace casi una década, salvo el paréntesis de la pandemia.

En paralelo, el Gobierno afirma haber impulsado la mayor creación de plazas de jueces y fiscales en un solo año, con alrededor de 700 nuevas incorporaciones, dentro del proceso de reorganización del sistema.

La reforma también ha cambiado el modelo de funcionamiento interno de los juzgados, sustituyendo estructuras individuales por órganos colegiados con una oficina común de apoyo, con el objetivo de agilizar los procedimientos y repartir mejor la carga de trabajo.

El Ministerio asegura además que las vistas judiciales han aumentado en los primeros meses de 2026, lo que interpreta como una señal de mayor actividad en los tribunales tras la reorganización.

Desde el departamento de Justicia admiten, no obstante, que la aplicación de la ley no ha estado exenta de dificultades. Entre ellas citan diferencias en su implantación entre comunidades autónomas o problemas derivados de la alta temporalidad del personal, aunque insisten en que se trata de ajustes previstos dentro de una reforma de gran escala.

El Gobierno defiende que el objetivo final es modernizar un sistema judicial diseñado hace décadas, hacerlo más ágil y reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía mediante una mejor distribución de recursos.