El Consejo de Ministros aprobará, a propuesta del Ministerio de Trabajo, el indulto a Las Seis de la Suiza, seis sindicalistas vinculadas a la Confederación Nacional del Trabajo condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones a un empresario en Gijón. Los hechos se remontan a 2016, durante movilizaciones en defensa de una trabajadora que denunció acoso laboral y sexual.
El grupo, formado por cinco mujeres y un hombre, ingresó en la prisión de Villabona en julio para cumplir la condena. Desde entonces, el Gobierno ha defendido que su actuación se enmarca en el ejercicio legítimo del sindicalismo y los derechos laborales.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya se comprometió a impulsar esta medida de gracia. La ministra ha insistido en que “hacer sindicalismo no es delito” y que la defensa de los trabajadores forma parte de los derechos fundamentales en una democracia.
El origen del conflicto se sitúa en 2015, cuando una empleada embarazada de la pastelería La Suiza denunció no haber recibido permiso para abandonar su puesto pese a encontrarse mal. Tras el incidente y el nacimiento de su hijo, la trabajadora acudió al sindicato alegando acoso laboral y sexual, aunque el propietario respondió con denuncias que finalmente no prosperaron.
Ante la falta de acuerdo, la CNT organizó varias concentraciones frente al establecimiento para presionar al empresario. La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, consideró que estas acciones derivaron en coacciones graves que obligaron al dueño a cerrar el negocio y abandonar la ciudad, causando perjuicios económicos y personales.
A pesar de los argumentos de la defensa sobre la reintegración social de los condenados y el tiempo transcurrido, el juez ordenó su ingreso en prisión en 2025. Ahora, con el indulto, el Ejecutivo pone fin a un caso que ha generado un intenso debate sobre los límites de la acción sindical y la proporcionalidad de las condenas.